El informe que el equipo de Gobierno encargó a la Fundación de la Universidad de Oviedo, redactado por el equipo de la Catedrática de Derecho Administrativo Rosario Alonso, destaca, entre sus conclusiones, que cuando el Tribunal de Cuentas descartó las responsabilidades patrimoniales de los equipo de Gabino de Lorenzo por no haber consignado el justiprecio y haber dado lugar a la retasación lo hizo en un contexto completamente distinto al que se da en la actualidad.
Aquella reclamación, formulada por los concejales del PSOE, con Paloma Sainz al frente, se produjo cuando Ayuntamiento y expropiada habían firmado el convenio del parking de Uría para saldar la deuda. Con el proceso de expropiación finalizado, se podían analizar si había lugar a buscar responsabilidades. Luego el convenio se vino abajo en los tribunales y de hecho el Tribunal de Cuentas archivó el recurso presentado tras el primer fallo porque ya no había convenio y, por tanto, tampoco daño ni pagos realizados. Era el año 2012. Ahora, detalla el informe de la Universidad, "causa, procedimiento y efectos no son hoy los que utilizo el Tribunal de Cuentas como referencia para su pronunciamiento".
El informe analiza la situación a día de hoy, cuando el proceso se ha cerrado nuevamente con la tasación de 47 millones fijada tras la sentencia del Supremo. Y detecta que a lo largo de todo el proceso expropiatorio, desde 1998, "Comamsa aprovechó las deficiencias y dejadez en la tramitación por parte del Ayuntamiento".
Esas fueron, inicialmente, una expropiación por la vía de urgencia, irregular, y sin informes pertinentes, dice la Universidad, que permitió a la empresa adquirir Villa Magdalena tras el acuerdo de expropiación, en 1997, "por una sustancial diferencia entre el precio por el que adquirió la propiedad [2,6 millones de euros] y el justiprecio fijado en jurado de 1998 [11,2 millones].
La otra oportunidad aprovechada por Comamsa fue que el Ayuntamiento dejó caducar la consignación del justiprecio a pesar de los avisos de los servicios correspondientes, que alertaron de que no había dinero consignado y pedían instrucciones para saber cómo apartar esa cantidad. Con la consignación caducada, lo que originaba el derecho a la retasación, Comamsa eligió el mejor momento para hacerlo. Hubo, concluye "negligencia grave patente" y "falta de respeto por la gestión pública".
