Alberto Mortera, exconcejal del PP y exjefe de gabinete del delegado del Gobierno, acaba de presentar alegaciones a su inclusión en la nómina de los investigados en el expediente municipal que buscará responsabilidad patrimonial por la expropiación de "Villa Magdalena". Mortera se defiende negando toda participación en la operación para convertir el palacete de la Avenida de Galicia en una biblioteca municipal pero, además, pide al tripartito que investigue otras operaciones realizadas también durante mandatos de Gabino de Lorenzo, como la construcción del nuevo Carlos Tartiere o el aparcamiento subterráneo de la plaza Ángel González.
En su escrito, Mortera indica que en la búsqueda de responsabilidades patrimoniales estas podrían haber prescrito "por el paso de casi dos décadas", pero añade que "lo que seguro que no ha prescrito son los tráficos financieros y empresariales que ciudadanos residentes en España puedan haber efectuado fuera de nuestro país y tengan como origen el enorme lucro derivado de casos como éste". Y ahí añade que "Villa Magdalena" no ha sido el único caso y apunta a otras operaciones como el nuevo campo de fútbol o el citado aparcamiento, sembrando la sospecha de que aquellos incrementos en los proyectos pudieron ser consecuencia de algo más que mala suerte: "Algunos ciudadanos", escribe en sus alegaciones "han llegado a pensar que sobrecostes de tamaña magnitud en actuaciones como el nuevo Carlos Tartiere o el aparcamiento bajo la plaza del gran Ángel González -entre varias decenas que pueden recordarse- pudieron tal vez también ser negro fruto de la improvisación y la geología adversa? o tal vez no".
Al margen de estas insinuaciones, Mortera afea al tripartito la fecha puesta para determinar responsabilidades patrimoniales, abril de 2008, "perfectamente arbitraria ya que la expropiación se inicia en septiembre de 1996 y podría considerarse culminada en el momento del pago final, en este mismo año". Mortera concluye que "resulta obvio que el plazo fijado por quien ha redactado el documento busca responsabilizar a quien le ha parecido conveniente". También expone que ese plazo no debería excederse de finales del 2000 "porque entonces llegó el derecho a la retasación y a partir de ahí lo que se generó fue un despeñadero judicial sin marcha atrás". Y destaca que si se culpa a muchos "el responsable real quedará difuminado o se irá directamente de rositas". Lo que ocurrió con "Villa Magdalena", argumenta Mortera, "fue bien sencillo" y "el quién lo hizo es muy claro pero no me corresponde a mí determinarlo".
Él, por su parte, alega, se limitó "a denunciar el disparate y no a participar del mismo" cuando era concejal del PSOE, sin mucha más compañía que otros ediles como Sánchez Ramos, Ana Rivas o Celso Miranda, cita.
