José A. ORDÓÑEZ
"Una frivolidad absoluta". Así valora Ángel Villalba, expresidente de Feve, que el máximo responsable del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, se refiriese el lunes en el Congreso a presuntas irregularidades en dos operaciones acometidas en Oviedo por la extinta compañía ferroviaria cuando este político socialista leonés estaba al frente de la entidad. Se trata, en concreto, de la adquisición de unos locales en la calle Ingeniero Marquina y de la fallida construcción de un centro de formación en La Losa. "El primer caso cuenta ya con una sentencia del Tribunal de Cuentas que avala la legalidad de la compra, mientras que en el caso de la escuela de maquinistas apenas quedan por justificar 1.200 euros de facturas que no tardarán en aparecer", afirma Villalba, "sorprendido" porque "De Miranda parece desconocer las sentencias que emite el tribunal que preside".
El caso de las oficinas de Ingeniero Marquina, sede del Transcantábrico, arranca en agosto de 2011. Bajo el argumento de que las dependencias de Feve en la estación de la calle Uría presentaban serios problemas estructurales, la dirección de la compañía se decidió a comprar el local, tasado en 2.522.376 euros por el mismo arquitecto al que se le encomendó la redacción del proyecto básico y de reforma del inmueble. Posteriormente, en octubre de ese mismo año y tras formalizar la compra por un precio de 2.200.000 euros, una segunda tasación privada y encargada por el propio Villalba a instancias de un miembro del consejo de administración de la operadora fijó el valor del inmueble en 2.450.000 euros. Sin embargo, la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria y de Patrimonio lo tasó apenas un mes después en 1.259.614 euros. Es decir, casi la mitad de lo desembolsado por Feve.
La importante diferencia económica entre lo pagado y lo tasado por la sociedad estatal motivó que la Abogacía del Estado, en representación de Feve y Renfe, presentara una demanda de responsabilidad contra Villalba y el entonces director general de la compañía de vía estrecha, Juan Díez López, en la que también se les reclamaba dinero por una operación de venta de chatarra realizada, presuntamente, a un precio inferior al de mercado. En total, la petición a los exdirectivos de Feve fue de 1.188.957, 86 euros, a los que había que sumar otros 91.995,61 euros de intereses.
La sentencia
Sin embargo, en la sentencia firmada por Margarita Mariscal de Gante y remitida ayer por Villalba a LA NUEVA ESPAÑA, el Tribunal de Cuentas rechaza la pretensión de la Abogacía del Estado, al entender que no queda acreditado que el valor de mercado del inmueble de oficinas fuera inferior al pagado por Feve, ni que se cometieran "graves irregularidades" en una operación que, a juicio de la magistrada, "tampoco causó daños en los fondos públicos de Feve". Es más, Mariscal de Gante carga las costas del proceso a los demandantes.
Sobre los presuntos pagos no justificados por el fallido centro de formación previsto para La Losa, cuyas obras no llegaron ni a empezar, Villalba sostiene que, a día de hoy, quedan por presentar ante el Tribunal de Cuentas facturas por valor de 1.200 euros que "acabarán apareciendo". Según explica, el problema es que la documentación de Feve se dividió entre el Adif y Renfe, tras la integración de la compañía en estas dos empresas públicas, y "cuesta encontrarla".
"Las irregularidades se limitan a esas facturas de 1.200 euros que acabarán apareciendo, porque el Tribunal de Cuentas reconoce que en el tema de las oficinas no hay nada", concluye Villalba, contrariado porque el presidente del ente fiscalizador haya reavivado esta polémica.
