Alberto Mortera no recula. "Ojalá tengan suerte", exclamó el hasta hace bien poco jefe de Gabinete de Gabino de Lorenzo en la Delegación del Gobierno al tener conocimiento de que Somos y Podemos van a trasladar las declaraciones sobre corrupción que este exconcejal del PP de Oviedo realizó a LA NUEVA ESPAÑA los días 11 y 21 del pasado mes de junio. "España y Asturias no se merecen tener políticos amarrados a su cargo por miedo a la justicia", añadió Mortera en unas breves declaraciones realizadas ayer a este periódico, en las que también reseñó que estos responsables públicos que se agarran al sillón "casi siempre son hombres, porque las mujeres son más decentes".
En las entrevistas mantenidas con LA NUEVA ESPAÑA, Mortera habló, según reseña Podemos, de ciertos "pujoles asturianos" que habrían "llevado a cabo cobros de comisiones en obras, concesiones, infinidad de apaños, así como sobrecostes en la variante ferroviaria de Pajares y en la Y de Bimenes". Es más al ser preguntado por la identidad de esos "pujoles" a los que hacía referencia, el hasta hace bien poco colaborador de Gabino de Lorenzo se mostró dispuesto a desvelar su identidad en sede judicial, que es precisamente lo que pretende ahora la formación morada. "No lo puedo decir, porque el sistema es de tal modo que me imputarían a mí, pero si me lo pregunta la administración de justicia, lo digo claramente, porque, además, de muchos de esos casos tengo pruebas documentales", manifestó literalmente Mortera.
Podemos y Somos estiman que de esas declaraciones se desprende la comisión de delitos tales como cohecho, tráfico de influencias o malversación. Por ello, ambas formaciones no esconden su "sorpresa" porque tales denuncias, "extremadamente graves", hayan pasado "casi desapercibidas", sin que la fiscalía haya abierto una investigación de oficio para determinar la veracidad de las afirmaciones de Alberto Mortera.
En el documento con las consideraciones legales que manejan Podemos y Somos para tratar de que las declaraciones del exedil del PP ovetense sean objeto de un proceso judicial se cita el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la obligación que tiene todo ciudadano de denunciar hechos que pudieran ser considerados delitos. En concreto, dice textualmente: "Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal Competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratara de algún delito flagrante".
A juicio de los servicios jurídicos de la formación morada, las declaraciones de Mortera "exigen como mínimo tomarle declaración sobre los graves delitos cometidos en el ámbito de las administraciones públicas, tanto local como autonómica, a los que alude expresamente". A este respecto, el informe jurídico al que ha tenido acceso este periódico también subraya que el excolaborador De Lorenzo se refiere a "cobros de comisiones", "concesiones irregulares" y "sobrecostes".
Entre las actuaciones que Mortera coloca en la diana se encuentra la variante de Pajares, una obra que Podemos está investigando con detalle para tratar de determinar si está justificado un sobrecoste que supera ampliamente los mil millones. Además, la formación ha llamado la atención sobre el hecho de que en los trabajos participaron empresas que aparecen en los denominados papeles de Bárcenas.
