Como ya adelantó el domingo pasado LA NUEVA ESPAÑA, la ordenanza que regula el IBI para ricos tiene "todas las papeletas" para ser anulada debido a un error administrativo cometido por el Ayuntamiento, que incumplió la Ley del Procedimiento Administrativo Común al no haber publicado las modificaciones efectuadas en la ordenanza fiscal en uno de los diarios de mayor difusión, un requisito "imprescindible" para cumplir con la normativa que rige la información pública. Al menos eso es lo que sostienen los expertos en derecho administrativo consultados por este diario, que coinciden a la hora de señalar que el tripartito -PSOE, Somos e IU- lo va a tener "muy difícil" para recaudar los tres millones de euros de más que pretendía reunir este año aplicándoles un IBI diferencial a las empresas, a los grandes aparcamientos privados o a los centros comerciales. En ese saco también se encuentran organismos como el Colegio de Abogados o la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).
Muchas de esas entidades ya han presentado recursos en el propio Ayuntamiento y algunas, como es el caso del Colegio de Abogados, han iniciado procedimientos contenciosos-administrativos para tratar de frenar la imposición de ese tributo. "No sé cómo lo van a solucionar, pero lo tienen complicado. La ordenanza que es más gravosa -la que incluye el IBI para ricos- no se publicó como es debido y por lo tanto lo más probable es que no tenga efecto. Es decir, que seguiría vigente la ordenanza del año pasado", señala el abogado Miguel Teijelo.
El Ayuntamiento, según las fuentes consultadas, tiene dos opciones para afrontar la situación. Una de ellas, "la más lógica", sería admitir los recursos que obran en el Consistorio, convocar un Pleno municipal y anular la ordenanza antes de entregar los recibos de la contribución. La otra sería cobrar el IBI según los criterios de la nueva normativa y esperar a que un juez decida.
