Finalmente, el padre acusado de insultar, gritar y amenazar a la directora y una educadora de una escuela infantil de la ciudad sólo deberá pagar 240 euros de multa y 700 de indemnización a una de las supuestas víctimas, después de un acuerdo alcanzado entre las partes antes de la vista oral prevista este mediodía en el juzgado de lo penal número 2 de Oviedo.
La Fiscalía pedía para el acusado cuatro años de cárcel y una orden de alejamiento de más de 300 metros de radio durante los próximos cinco años además de una indemnización para la educadora infantil por lesiones y perjuicios. Una petición a la que se adhirió la acusación particular compuesta por las dos afectadas.
Concretamente, el informe de fiscalía apuntaba que el hombre, padre de una niña matriculada en el centro, había llamado "idiota y estúpida" a la educadora y le había arrollado el pie con un carrito de bebé, mientras que a la directora le había llegado a amenazar e insultar. "Como me levantes el tono te doy una hostia", sostiene el fiscal que le llegó a decir a la responsable de la escuela a la que también le dijo "te espero afuera".
El acuerdo entre las partes consistió en que la acusación retiraría la petición de cuatro años de cárcel por dos delitos de atentado y uno de lesiones a cambio de que el acusado reconociese los hechos y asumiera haber cometido un delito leve de lesión y otro leve de amenazas. Tras la negociación de los abogados en la sala, el letrado defensor Juan Luis Berros necesitó varios minutos para convencer a su cliente de que aceptase la pena para evitar ir a un juicio en el que se expondría a una pena de prisión. "Yo no hice nada y quieren quedar como que ganan", indicó el acusado, J. R. T. G., que finalmente accedió a regañadientes al consejo de su abogado. "No me voy conforme porque soy inocente", sostuvo tras aceptar la condena, que también incluye seis meses de orden de alejamiento, que ya se da por cumplida en el último año.
Los planes iniciales de la defensa era pedir la libre absolución de todos los hechos. "El delito de atentado requiere acometimiento y no hubo ningún contacto", defendió Berros, que también recordó que el atentado es un delito que se aplica en caso de agresiones a funcionarios públicos, siendo una de las educadoras trabajadora laboral.
La acusación, por su parte, mostró su intención de que el hombre reconociera todos los hechos y se dio por satisfecha con ello. "Fuimos generosos y benévolos a rebajar la pena a cambio de que reconociera lo que ocurrió", coincidieron los abogados defensores José María Acebal y Juan Velasco.
Por su parte, la mujer del acusado de los hechos que tuvieron lugar en febrero de 2016 quiso salir en su defensa, asegurando que la denuncia de las educadoras se debía a unas disputas previas que ella tuvo con el personal del centro. "Yo quería la jornada completa, me decían que sólo puede ser media y al quejarme me hicieron ataques racistas", indica la cónyuge que en los últimos meses asegura haber tenido que buscarse la vida para poder ir a recoger a su hija para que su marido cumpliese una orden de alejamiento provisional. "Somos una familia pobre y todo esto nos costará 2.000 euros por no haber hecho nada", añadió el acusado.
