La quiebra de Sogepsa, con una deuda de 150 millones de euros que compromete su futuro inmediato, también se fraguó en Oviedo. A partir de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y del Tribunal Supremo, los auditores de la Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias estiman que la entidad tendrá que abonar finalmente a los propietarios de los terrenos expropiados para el área residencial de Prado de la Vega un total de 9,24 millones más de lo previsto con el justiprecio que dio lugar a esos procedimientos judiciales, algunos de ellos todavía sin cerrar. Los jueces ya han reconocido, en ciertos casos, el derecho de los afectados a que se les pague el suelo a 135,69 euros el metro cuadrado, cuando el precio establecido en 2006 fue de 51,69 euros el metro cuadrado. Es decir, estos propietarios percibirán más del doble de lo fijado en primera instancia.
El origen de esta "elevada desviación", en expresión de los autores de la última auditoría de la entidad, concluida el pasado mes de mayo, está directamente relacionado con la "parcela 51". Se trata de un caso desvelado por LA NUEVA ESPAÑA en 2012, junto a otras operaciones controvertidas que acometió la sociedad del suelo cuando estaba presidida por Francisco González Buendía, consejero de Infraestructuras del socialista Vicente Álvarez Areces. Según precisan los auditores de Sogepsa, confirmando las informaciones que fueron publicadas por este diario, el precio fijado de mutuo acuerdo para los terrenos de Prado de la Vega osciló entre los 30 euros de 2004 y los 60 euros de 2006, año en el que se fijó como justiprecio 51,68 euros por metro cuadrado. Sin embargo, en el caso de la parcela en cuestión, de 65.000 metros cuadrados, Sogepsa pagó de mutuo acuerdo a razón de 120 euros el metro cuadrado a una empresa inmobiliaria que había adquirido el solar pocos años antes. Por tanto, la sociedad desembolsó un total de 7,78 millones de euros (IVA no incluido) por un terreno que le habría salido por poco más de 3,3 millones de euros de acuerdo con el justiprecio.
La valoración de la finca en la liquidación complementaria del Impuesto de Transmisiones Onerosas realizada por la Administración Tributaria del Principado quedó fijada en 97 euros el metro cuadrado. Se trata de una cantidad que está por encima del justiprecio, pero que también es considerablemente menor que los 120 euros del acuerdo con la inmobiliaria, valor que han tomado los jueces como referencia en las reclamaciones de los propietarios que decidieron llevar a la vía judicial su disconformidad con tal disparidad de precios.
Además de llamar la atención sobre esta desviación económica, los auditores de Sogepsa aseguran en su informe que no han "podido obtener evidencia" sobre los informes o autorizaciones de los miembros del comité de dirección que avalen la modificación de los precios para la "parcela 51". Tampoco han logrado conocer si los rectores de Sogepsa contaban con estudios económicos sobre el impacto que tal decisión tendría en el resultado de la operación urbanística realizada en el entorno del HUCA. Por tanto, concluyen que no es posible "considerar adecuada" la "razonabilidad de la operación en relación a los principios de economía y eficiencia".
Sogepsa es una sociedad de capital mixto y mayoritariamente público cuyo objeto es la gestión de terrenos de uso residencial e industrial. En concreto, está participada por el Principado en un 45%. Además, 32 ayuntamientos disponen del 13% de las acciones, mientras que el resto depende de varias empresas del sector. Además de por la complicada situación económica, agravada por la incapacidad para dar salida a grandes bolsas de suelo industrial, la entidad tiene pendiente el reto de adaptarse a las exigencias europeas en materia de libre concurrencia. El Gobierno regional quiere lograrlo convirtiendo a Sogepsa en totalmente pública.
