El área residencial de Prado de la Vega, en las inmediaciones del nuevo HUCA ha sido una de las operaciones más rentables de las acometidas por la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (Sogepsa) a lo largo de sus más de treinta años de historia. No en vano dejó a la entidad unos beneficios de 25,5 millones de euros, una vez descontados los gastos generales y los costes financieros. Sin embargo, tras ese aparente éxito los autores de la última auditoría sobre la sociedad, concluida el pasado mes de mayo, han detectado una serie de desviaciones económicas en el desarrollo de la actuación que, en conjunto, suman 18,48 millones de euros. Se trata de una cantidad que casi iguala el presupuesto que el Ayuntamiento, con apoyo de la Unión Europea (UE), dedicará a la renovación urbanística de los barrios de Ventanielles, Guillén Lafuerza y Pumarín, proyecto en el que se incluye el bulevar de Santullano.
La multimillonaria desviación se explica por pagos superiores a los estipulados en el justiprecio sin que mediara justificación suficiente, sentencias a favor de los expropiados que reclaman más dinero por sus terrenos y un importante sobrecoste en las obras de urbanización del enclave.
En concreto, los auditores aseguran que el hecho de que Sogepsa pagase por la polémica "parcela 51" a razón de 120 euros el metro cuadrado, en lugar de a los 51,69 euros del justiprecio establecido, supuso un "exceso abonado" de 4,4 millones de euros. Y es que, de mutuo acuerdo con la inmobiliaria que los había adquirido poco antes, la sociedad mixta desembolsó por ese terreno un total de 7,78 millones de euros (IVA no incluido), cuando le podía haber salido por 3,3 millones, o incluso menos, de acuerdo con el justiprecio o con la tasación realizada para solares de propietarios particulares en ese mismo entorno.
La operación de la "parcela 51", criticada por los auditores por no adaptarse a los "principios de economía y eficiencia", se llevó a cabo con el consejero socialista Francisco González Buendía al frente de Sogepsa y fue desvelada por LA NUEVA ESPAÑA en 2012. La publicación de ésta y otras controvertidas actuaciones de la sociedad mixta, participada de forma mayoritaria por el Principado, llegó cuando su situación económica ya era sumamente complicada, aunque no tanto como ahora. La deuda actual de la entidad ronda los 150 millones, sin que haya conseguido dar salida a los cientos de miles de metros de suelo industrial de sus grandes polígonos, ni se haya adaptado a los requisitos europeos de libre competencia empresarial que resultan de obligado cumplimiento para que Sogepsa pueda seguir operando con normalidad en el mercado.
Además de esos 4,4 millones de euros que se habrían pagado de forma excesiva por la "parcela 51", en la importante desviación económica detectada en Prado de la Vega resultan determinantes las sentencias que, según los auditores, obligan a la sociedad mixta a abonar a los expropiados 9,2 millones más de lo previsto con el justiprecio que dio lugar a esos procedimientos judiciales, algunos de los cuales no se han cerrado todavía. Los gastos jurídicos por los recursos de casación contra esos fallos judiciales le han costado a la entidad, de momento, 188.000 euros.
Los fallos de los tribunales también están relacionados con la polémica "parcela 51", ya que los jueces están reconociendo el derecho de todos los propietarios que reclamaron a cobrar 120 euros por cada metro cuadrado de terreno, más del doble de lo calculado en un primer momento.
Por si todo esto fuera poco, los autores de la auditoría han detectado un "relevante incremento" del 28,8 % en la obras de urbanización del enclave, adjudicadas por Sogepsa a empresas que formaban parte de su accionariado con un 15,3% del capital social. Los trabajos, que se iniciaron en el mes de diciembre de 2006, fueron encargados por 16,6 millones de euros, con lo que el sobrecoste sería de unos 4,7 millones.
A la hora de justificar este desfase, los gestores de Sogepsa aseguran que en muy buena parte se originó por la necesidad de adaptar el proyecto específico de alumbrado a las modificaciones normativas adoptadas por el Ayuntamiento entre la fecha de redacción y el inicio de las obras.
