Más de la mitad de las terrazas hosteleras fijas y de gran tamaño de la ciudad, alrededor de medio centenar, no han iniciado aún los trámites para adaptarse a los cambios en la ordenanza municipal, un plazo que expira el 30 de septiembre. La concejalía de Urbanismo, con Ignacio Fernández del Páramo (Somos) al frente, insta a los hosteleros a solicitar el permiso cuanto antes y no agotar el plazo legal, ante el riesgo de que el atasco en el servicio de licencias impida que las instalaciones hosteleras puedan estar listas antes de la fecha límite. Según la nueva norma, las terrazas, antes fijas, deberán ser ahora desmontables y estar separadas un mínimo de 1,80 metros de la fachada.

La patronal hostelera había avisado de que el retraso en la tramitación de los permisos podría derivar en el despido de personal si tienen que ser retiradas.

Según indicó ayer el concejal Ignacio Fernández del Páramo, de las 84 terrazas de tipo B existentes en la ciudad, sólo se resolvieron once solicitudes presentadas el pasado año, mientras que otras seis pedidas en 2017, la última el pasado jueves, están pendientes de tramitación, así como otras 17 que conforman el conjunto de las instalaciones de los negocios de la calle Gascona, cuyo procedimiento sigue abierto y precisará "una solución global".

El edil asegura que de las 50 terrazas restantes todavía no consta solicitud de licencia alguna, por lo que ve "imposible" que se les pueda conceder dentro del plazo límite fijado para el próximo 30 de septiembre. "Instamos a que no esperen al día 29 para solicitarlo porque, obviamente, no nos dará tiempo a tramitarlo entonces", declaró ayer Fernández del Páramo.

Sobre la falta de propuestas para mejorar el sistema de terrazas que denunció la patronal del sector, Otea, el concejal de Somos recuerda que la modificación realizada por el tripartito fue fruto del diálogo. "Fueron unos cambios negociados con todos los sectores y respaldados por la gran mayoría", recuerda, al mismo tiempo que reivindica que, de haber dejado vigente la ordenanza del anterior gobierno, "ahora estaríamos en problemas graves".

En lo que respecta a las consecuencias a las que se enfrentarán los hosteleros en caso de no tener adaptadas las terrazas a día 1 de octubre, Fernández del Páramo, sostiene que se limitarán a "cumplir con la legalidad", aunque no precisa si, como sospechan los empresarios, se exigirá el desmontaje de las instalaciones desactualizadas, abocando a los mismos a realizar despidos.

Estas afirmaciones del concejal chocan con la postura de Ciudadanos, que apuntaba que el mismo medio centenar de licencias que el tripartito sostiene que no han iniciado los trámites, precisarían de una prórroga "excepcional" en el plazo fijado para finales de septiembre para poder adaptarse a la ordenanza en tiempo y forma y evitar así problemas legales para los profesionales.

Igualmente, los datos aportados por Urbanismo confrontan con las quejas de Otea, que también apunta al atasco çen la tramitación de las licencias como causa de las demoras en la obtención de los permisos y responsabiliza a la administración local de las consecuencias que podría tener para el sector el hecho de que las instalaciones exteriores no estuviesen en regla.