El concejal del PP en el Ayuntamiento de Oviedo Francisco Javier García salió ayer al paso de las declaraciones del edil de Economía Rubén Rosón con las que acusaba a los populares de "echar mierda" sobre los empresarios y artistas locales con la demanda presentada por el PP contra la adjudicación del stand del Ayuntamiento en la Feria de Muestras. García respondió al concejal de Somos que lo que el grupo popular busca es "denunciar la corrupción del tripartito" y descartó que el procedimiento judicial tenga como objetivo al personal contratado.
"El PP no ataca a empresas ni artistas", simplemente denuncia que para el stand de la Feria de Muestras se han fraccionado contratos para poder hacer adjudicaciones a dedo", responde el concejal de la oposición, que da por hecho que Rosón no actuó correctamente. "Sabe que no actuaron con la transparencia y la limpieza exigibles", apuntó.
Francisco Javier García advierte al tripartito de que la denuncia que interpondrá próximamente por un supuesto delito de fraccionamiento de contratos por valor de 180.000 euros tendrá consecuencias. "Campan a sus anchas pensando que a ellos todo les está permitido y tarde o temprano los tribunales situarán su despotismo en el sitio que corresponde", declaró García, que también reprochó al gobierno local "su ánimo antidemocrático" y su "afán por favorecer a su larga nómina de activistas".
El edil defiende que la adjudicación "a dedo" de varios contratos fraccionados con ese cometido son fáciles de comprobar. Invita a las personas que quieran corroborarlo a que revisen los distintos contratos menores firmados en los eventos organizados por el gobierno. "No hay que investigar mucho, sólo hace falta revisar la hemeroteca y ver las presentaciones de los eventos que organiza el tripartito para ver que siempre benefician a las mismas personas, asociaciones y colectivos", subraya el representante popular, convencido de que para dichas adjudicaciones no se tuvieron en cuenta únicamente los méritos de los contratados. "Quién es mejor o peor artista y a quién se contrata no puede depender de si es activista o no de Somos o de Podemos", defiende el edil de la principal fuerza de la oposición.
Como conclusión, García manifiesta su convencimiento de que detrás de los contratos firmados existe una intención por financiar a los activistas políticos de la formación morada. "Fraccionar contratos es un delito y el tripartito está lindando con ese escenario con el abuso de adjudicaciones menores para evitar procedimientos objetivos", que, a su juicio, evitarían facilitar la financiación de los colectivos afines a los podemistas.
