El actual alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, y el exregidor popular Gabino de Lorenzo se responsabilizaron ayer mutuamente de las carencias en materia de incendios que amenazan con provocar el cierre, al menos parcial, del Auditorio Príncipe Felipe de la ciudad. Para López, las "graves" deficiencias recogidas en los últimos informes lo son en base a la legislación aplicable en 1998, que fue cuando se levantó el edificio, con el bastón de mando municipal en manos de De Lorenzo. "Como Alcalde, trato de corregir las chapuzas que han hecho los gobernantes de esta ciudad en los últimos 19 años, algo que asumo como una obligación más que me toca", subrayó el regidor socialista, que anunció la contratación de obras de "urgencia" para que el edificio pueda ser utilizado con todas las garantías de seguridad cuanto antes.

Un informe municipal cifra en unos 587.000 euros la inversión necesaria para subsanar la extensa relación de irregularidades advertidas en un estudio externo encargado por el tripartito a José Luis Pérez-Lozao, asesor del Colegio de Arquitectos.

Frente a la versión de Wenceslao López, que acusó al PP de dejar el Ayuntamiento convertido en "un campo de minas", Gabino de Lorenzo, actual Delegado del Gobierno, salió ayer en defensa de uno de los iconos de su Alcaldía, del que dijo que "lleva 18 años funcionando perfectamente, sin que haya recibido ninguna denuncia hasta ahora". Para De Lorenzo, los problemas que se plantean pueden tener que ver con que "la norma antiincendios haya cambiado y que el edificio tenga que ponerse al día". Lo que sí indicó es que le extraña que no se haya visto nada anómalo hasta ahora. "No quiero eludir ninguna responsabilidad, pero quiero recordar que llevo seis año alejado del Ayuntamiento", añadió. En cualquier caso, aseguró, "llevan dos años en el Gobierno y no han visto nada hasta ahora, si hay algún responsable, esos son los actuales regidores". De Lorenzo no dudó en calificar de "política de bajura" la actual polémica respecto al Auditorio. "Lo que pediría a los regidores es que tengan sentido de la responsabilidad, valoren la realidad y no generen una alarma injustificada sobre esta infraestructura", sentenció.

A la intensa polémica política sobre el Auditorio se sumaron ayer los dos grupos de la oposición, PP y Ciudadanos, para censurar que la edil de Infraestructuras, Ana Rivas (PSOE), les negara en comisión el acceso a los informes sobre la situación del Auditorio y que tampoco respondiera a las preguntas sobre este asunto. "Nos parece irresponsable y de una chulería lamentable que la concejala se haya referido a esos informes como a un papelito que anda por ahí", indicó el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, para quien "la alarma ciudadana se evita con transparencia y responsabilidad, algo que no ha hecho el Alcalde guardando en el cajón esa información desde, al menos, el pasado mes de agosto". Pacho anunció que llevará una moción de urgencia al Pleno de la próxima semana para que se permita el acceso a los documentos.

En una línea similar se pronunció el concejal popular José Ramón Pando, que tampoco logró arrancar información alguna a Ana Rivas en la Comisión de Urbanismo celebrada ayer.

Entre otras cosas, el edil popular quería saber las razones por las que el recinto sigue abierto si la situación es tan grave, si están incluidos en los presupuestos municipales esos 587.000 euros de inversión necesaria para acabar con los riesgos, o las razones que llevaron al tripartito a pagar 40.000 euros a unas chirigotas gaditanas para San Mateo en lugar de destinar esa partida a subsanar los defectos del Auditorio. El PP ha pedido una comisión extraordinaria sobre el edificio.

La Junta de Gobierno tiene previsto encargar hoy a José Luis Pérez-Lozao un informe sobre los usos que se pueden autorizar en el edificio. También se reunirá esta mañana por vez primera la comisión de políticos y técnicos impulsada desde la Alcaldía para determinar si el Auditorio sigue abierto o se cierra total o parcialmente, en cuyo caso se reprogramaría la actividad, con el Campoamor, el Filarmónica y el Calatrava como escenarios alternativos. Entre los técnicos convocados está la arquitecta Mercedes Sánchez Arbesú, autora del informe de agosto en el que se concluye que, en las actuales condiciones, el edificio resulta inseguro.