Los taxistas de Oviedo deberán descansar un día a la semana de manera obligatoria a partir del próximo 1 de enero. Una resolución de la concejalía de Seguridad Ciudadana, con el socialista Ricardo Fernández al frente, supondrá la entrada en vigor de un sistema rotatorio que establecerá siete turnos entre los más de 300 taxis de la ciudad para que estén paralizados cuatro días al mes. La medida busca, según el gobierno local, velar por los derechos de los trabajadores y equilibrar la oferta y la demanda del servicio. Sin embargo, los representantes del sector critican que la paralización de los vehículos impide a los trabajadores confeccionar su propio calendario de descansos de una manera "autoritaria" y exigen la retirada de la medida.

La postura del Consistorio es clara. Defiende que con la obligación de paralizar los taxis al menos una vez al día se garantiza evitar que los asalariados sean sometidos a jornadas excesivas y se reduce la oferta diaria de manera considerable para que los conductores que trabajen puedan acceder a más carreras y disfrutar de jornadas más rentables. Para ello, pretenden establecer un sistema de descansos rotatorios. Los taxis de la ciudad se dividirán en siete grupos identificados con distintos colores plasmados en la licencia que cada vehículo deberá de tener en un lugar visible para su revisión. Excepcionalmente, las limitaciones se levantarán para las fiestas de San Mateo y desde el puente de la Constitución hasta el día de Año Nuevo y no afectarán a los "eurotaxi", equipados para pasajeros con movilidad reducida.

La medida no es bien vista por la cooperativa del taxi de Oviedo, que ve en la misma una manera de "paralizar a la fuerza" los vehículos. "Los trabajadores ya tienen sus convenios que les permiten tanto descansar como confeccionar sus propios calendarios", indica José Antonio Suárez, presidente de la cooperativa, que criticó que el gobierno local no tuviera en cuenta su opinión a la hora de tomar la decisión y se limite a instarles a presentar sus quejas en un periodo de alegaciones de diez días, mientras que el colectivo Asotaxi se muestra más contundente. "Es un acto absolutamente autoritario de nuestros gobernantes", asegura el presidente Manuel Arnaldo Alba, que pide retirar la medida o, de lo contrario, iniciarán "acciones encaminadas a que el Ayuntamiento deponga su actitud".