No hay carpetazo. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo aprobó ayer una propuesta del alcalde, el socialista Wenceslao López, para prorrogar durante dos meses la investigación abierta el pasado mayo con el objetivo de determinar las presuntas responsabilidades contables del exregidor popular Gabino de Lorenzo y de su equipo en la expropiación del palacete de "Villa Magdalena". Las conclusiones del expediente instruido por una funcionaria municipal, avanzadas el mes pasado por LA NUEVA ESPAÑA, eximen totalmente a los dirigentes populares. Sin embargo, López, que ya había dejado clara su disconformidad con el informe y su intención de revisarlo, ha decidido que el expediente siga abierto hasta comienzos de enero, para que la instructora aclare "varias dudas" sobre cuestiones que, para el tripartito, no se habrían analizado con la profundidad requerida.

"Por omisión y por acción ha habido hechos irregulares y, como Alcalde, tenía la obligación de abrir un expediente cuyas conclusiones respetamos pero no compartimos", proclamó López sobre un caso que considera "el mayor escarnio de fondos públicos en las últimas décadas".

Acciones legales

Queda ahora por ver cómo reacciona Gabino de Lorenzo a la prorroga abierta por el tripartito y que ampara la legislación vigente. El ahora delegado del Gobierno en Asturias anunció durante la pasada celebración de la fiesta del Pilar en el cuartel del Rubín su disposición a emprender acciones judiciales contra el Ayuntamiento por esa investigación y reconoció que el caso ya estaba entonces en manos de sus abogadas. El exalcalde veía "cantado" que el expediente le iba a eximir. "Ya me dieron la razón los tribunales en su día", indicó.

El informe de la funcionaria señala textualmente que "del presente procedimiento no se concluye la existencia de responsabilidad patrimonial por parte de los presuntos responsables identificados en el acuerdo de la Junta de Gobierno de 4 de mayo de 2017, esto es, el Alcalde y concejales delegados y de gobierno de Economía, Presupuestos y Urbanismo del periodo comprendido entre noviembre de 1998 y abril de 2008". La instructora también critica con dureza el contenido del informe que el Ayuntamiento encargó a la Universidad de Oviedo para iniciar todo el proceso de revisión del "caso Villa Magdalena". "Es prolijo en el relato de los hechos, pero escueto en sus fundamentos jurídicos. Se limita a cuestionar las actuaciones, apostrofando con acotaciones irrespetuosas e innecesarias, pero sin fijar qué acciones u omisiones pudieran ser susceptibles de exigencia de responsabilidad, como qué personas fueron determinadas responsables y en qué grado", afirma la funcionaria.

Las primeras conclusiones de la investigación ahora prorrogada dejaban fuera de responsabilidad contable por la expropiación de "Villa Magdalena" a Gabino de Lorenzo y los concejales Agustín Iglesias Caunedo, José Agustín Cuervas-Mons, Jaime Reinares, Alberto Mortera y Alicia Castro Masaveu. El argumento fundamental esgrimido por la funcionaria se basa en que los hechos de referencia ya fueron juzgados en dos ocasiones por el Tribunal de Cuentas y que, por tanto, no entraría dentro de las competencias de la Administración municipal el volver a hacerlo.