El día 2 de octubre del año 2018 entrará en vigor la ley estatal que obliga a las administraciones, entre ellas a los Ayuntamientos, a disponer de archivos electrónicos para garantizar un servicio al ciudadano totalmente interconectado y transparente. A partir de esa fecha no se aceptará ningún documento que no sea digital, con el fin de modernizar el sistema, pero la medida podría poner en peligro la supervivencia de los archivos tradicionales en papel, que guardan buena parte de la historia de los 78 municipios asturianos. Las incógnitas que rodean a esta situación fueron el eje de la mesa redonda celebrada ayer en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), coordinada por el jurista Javier Junceda. En la jornada, tres expertos arrojaron algo de luz sobre el futuro de unos archivos que son historia de la región.

La primera en tomar la palabra fue la directora del Archivo Histórico de Asturias, María Concepción Paredes Naves, que puso sobre la mesa una alternativa para facilitar que los Ayuntamientos, sobre todo los que tienen menos recursos económicos, no pierdan esos archivos acumulados durante años. "La nueva línea de actuación del Principado pretende que los concejos asturianos que no puedan mantener la fase histórica de ese patrimonio en perfecto estado y que no puedan ofrecérselo al ciudadano tengan la oportunidad de efectuar un depósito de sus fondos en el Archivo Histórico de Asturias para una mayor conservación y puesta en valor de los mismos", explicó Paredes. "El titular del fondo documental seguirá siendo el propio Ayuntamiento, pero nosotros velaremos por que se mantenga ese patrimonio no administrativo", matizó. El primer paso "ya se ha dado" con la reciente firma de colaboración con el Ayuntamiento de Santo Adriano.

La directora del Archivo Histórico de Asturias hizo un repaso sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno regional para tratar de conservar ese tipo de archivos de los Ayuntamientos, un proceso que comenzó en los años noventa del siglo pasado y que algunos consistorios asturianos no han respetado como sería necesario. "Hay muchísimos Ayuntamientos que tienen sus archivos históricos en buhardillas o sótanos con unas condiciones deplorables de conservación y hasta conviviendo con roedores", dijo María Concepción Paredes Naves.

A continuación Lourdes Morate, abogada consistorial del Ayuntamiento de Oviedo, se encargó de enfocar la nueva situación desde el punto de vista jurídico. "Los archivos y documentos históricos que hay en los Ayuntamientos son bienes públicos y por lo tanto están protegidos desde el punto de vista jurídico. Si se producen incumplimientos por parte de las administraciones se pueden imponer hasta sanciones de tipo económico", aseguró. Esas sanciones, según sostiene la letrada consistorial, "pueden ir desde los 6.000 euros hasta los 900.000", en función de la gravedad de las actuaciones de cada entidad.

Durante la mesa redonda salió a la luz la situación actual de distintos Ayuntamientos asturianos en materia de conservación de documentos y archivos históricos. Lourdes Morate puso a Oviedo como ejemplo de uno de los municipios que están haciendo bien las cosas. "Este Ayuntamiento es modélico, al igual que otros como Gijón o Siero. Cualquier ciudadano que hoy en día visite la web municipal puede encontrar, sólo pinchando con el ratón, una buena cantidad de información histórica", afirma.

El último en intervenir fue Javier Núñez Seoane, abogado especialista en administración electrónica. "La implantación del procedimiento administrativo electrónico lleva tiempo en marcha, pero a partir de ahora va a ser obligatoria y eso traerá consigo cambios importantes", dijo ante los asistentes.