La comisión municipal que investiga el "caso Aquagest" (la supuesta corrupción alrededor de la devolución de los avales a una empresa que gestionó los tributos en Oviedo) se reúne de nuevo hoy por la mañana tras haber aplazado la semana pasada esta votación y generar, así, una pequeña crisis de gobierno. Para hoy, los tres Somos, PSOE e Izquierda Unida, llegan con un nuevo documento pactado y muy retocado, con menos culpas para el Interventor. La última modificación llegó ayer mismo por la mañana, primero unas alegaciones que firmaban IU y PSOE y luego una segunda, fuera de plazo, también con el apoyo de Somos.

Las ideas y venidas de las conclusiones de la comisión de Aquagest tienen que ver con los hechos probados que la presidenta de la comisión, Ana Taboada, incluyó en su primer documento y luego se fueron modificando. Las alegaciones planteadas ayer guardan relación con las denuncias planteadas durante los últimos días por el grupo Ciudadanos, que les han llevado a plantear ellos sus propias conclusiones para someterlas hoy, también, a votación.

Ciudadanos explica que Taboada incluyó en sus conclusiones, las iniciales y las que hasta ayer iban a someterse a votación, una evidente "falsedad documental". El edil de Ciudadanos Luis Zaragoza detalló que Taboada establecía una relación causa-efecto entre el regreso de un viaje de Agustín Iglesias Caunedo (supuestamente pagado por la empresa investigada, aunque el portavoz del PP siempre lo ha negado) y un nuevo informe del Interventor cambiando el sentido de sus informes anteriores sobre la devolución del aval. Zaragoza, que acusa a Somos de desconocer el procedimiento administrativo, explica que el interventor no modificó nada después del regreso de Caunedo, sino que daba respuesta a una alegación de la empresa donde se exponía que la administración había cometido un error al negarle la devolución del aval sin darle el plazo correspondiente a las alegaciones. Así que lo que el interventor hizo fue admitir que se había producido ese error y abrir el periodo de alegaciones obligado. Sólo después, cuando la empresa hizo una serie de alegaciones, muchas de ellas admitidas por el Ayuntamiento y que hubieran rebajado considerablemente el aval que la administración podría haber retenido, el Interventor optó por un convenio en el que se renunciaba a pleitear y se devolvía todo el aval a Tribugest. Pero, explica Zaragoza, si ahí hubo corrupción "no sería en todo caso por el valor de lo que se pretende, sino por unos 80.000 euros". Aunque, lamenta el concejal de Ciudadanos, de todas estas cuestiones las conclusiones de la comisión no dicen nada ni aluden a las alegaciones de la empresa.

En todo caso, la alerta de Ciudadanos sí produjo nuevas conversaciones entre los tres socios para rebajar la parte en la que se aseguraba que tras el regreso de Caunedo el interventor modificó su dictamen, cuestión que no coincidió en el tiempo, sino que se produjo varios meses después. En las primeras conclusiones de Taboada y que finalmente no se sometieron a votación, se abría la puerta a pedir responsabilidades contables a Caunedo y se sugerían medidas disciplinarias para el interventor, al que se señalaba como principal responsable de maniobras oscuras que podrían haber generado un daño económico al Ayuntamiento. El texto que votarán hoy, similar en el contenido, rebaja la carga inicial.