Los tres socios de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo aprobaron ayer, una semana después de lo previsto, las conclusiones de la comisión de investigación del caso Aquagest, la supuesta trama de corrupción alrededor de la devolución del aval de la empresa que gestionaba los tributos en Oviedo y por la que el líder de la oposición está siendo investigado en los juzgados de Lugo. Y lo hicieron, según el guión previsto, estando de acuerdo en señalar como responsable político de "oscuras maniobras" a Agustín Caunedo, y rebajando en la redacción final la relación causa-efecto inmediata que, según los primeros borradores, se daba entre los viajes del líder de la oposición a París y Nueva York y el cambio de criterio del interventor sobre la devolución del aval.

Precisamente este hecho, haber devuelto el dinero a Aquagest después de que la empresa alegara que no se habían producido los incumplimientos por los que se le quería retener la fianza, se volverá ahora a examinar otra vez. Esa, quizá, es la consecuencia más inmediata, evidente y que más consenso provocó entre los socios del equipo de Gobierno: incoar un expediente para volver a examinar aquel acto administrativo para ver si hubo "problemática legal" a lo largo del proceso.

El concejal de Economía, Rubén Rosón, acusó al PP y a Ciudadanos de haber intentado "que esta comisión quedara inconclusa", y acusó a la formación naranja de haber pretendido, con sus propias conclusiones, que sólo apoyó el PP, "casi que expresásemos que las tías de Caunedo le habían pagado el viaje". Rosón, contó, replicó al portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, "que en el sumario del juzgado consta que la policía dice que los viajes a Nueva York y París se los pagó Aquagest". "Y yo me fío mucho más de la policía que de un imputado por corrupción. Ciudadanos debería hacer lo mismo", zanjó el edil de Somos.

Desde el PSOE, el concejal Ricardo Fernández se limitó a señalar que las conclusiones "valoran responsabilidades políticas, las del líder de la oposición, en las incidencias que rodearon la devolución del aval de Aquagest". Y matizó que en ningún caso hablan de responsabilidades penales que tendrán que ser establecidas por los tribunales.

Cristina Pontón, concejala de IU, valoró que fue su grupo el que contribuyó a mejorar el documento, "a darle seriedad, cobertura jurídica y a limitarse a los hechos objetivos". Pontón también salió en defensa del tripartito, a pesar de las tensiones de la semana pasada por el voto del PSOE a favor de aplazar las conclusiones, y explicó que "lo difícil era no haber conseguido este documento porque todos teníamos el mismo planteamiento, la denuncia de la corrupción y de cierto tipo de irregularidades".

La oposición hizo una lectura diametralmente opuesta. Desde el PP, Gerardo Antuña acusó a la comisión de haber llegado a unas conclusiones "sin un solo dato que las avale". Al revés, explicó, "reflejan el fracaso que ha sido toda esta Comisión y la manera anárquica, desordenada y turbia con la que ha llevado a cabo la presidenta Ana Taboada su desempeño". Antuña razonó que las declaraciones de los funcionarios dejaron al margen el comportamiento de Caunedo en el proceso, contra lo expuesto en las conclusiones "tendenciosas" y acusó al tripartito de ejercer una "clara persecución personal" para "causar daño y erosión personal".

Por último, Ciudadanos sacó pecho por haber logrado, con sus alertas sobre una coincidencia de fechas descritas en el borrador, que en realidad no se daba, y que finalmente se eliminaron, que se evitara "la grave falsedad documental que contenía el escrito de conclusiones de Taboada y que PSOE e IU habrían tragado".