A Oviedo se le van 3,3 millones de euros al anular los jueces el IBI "para ricos" que había ideado el edil de Economía, Rubén Rosón. Los amplios razonamientos jurídicos, expuestos la mayoría en estas mismas páginas el viernes pasado por el letrado Javier Junceda, encuentran como resumen un patinazo monumental: nadie publicó el anuncio en un medio de comunicación de gran alcance en la provincia. Y sin eso, no hay ordenanza que valga, además de las varias lagunas que planteaba una subida del IBI "porque sí" a los titulares de propiedades más allá de un cierto valor.
Entre la oleada de reacciones, Rubén Rosón ha colgado las culpas a los funcionarios. "Los trabajadores municipales me han pedido perdón decenas de veces. El error en la no publicación (del anuncio) es fruto de la cada vez más acuciante falta de personal", ha dicho. Aunque acude Rosón a uno de sus argumentos del mandato, la escasez de trabajadores, pone sobre ellos la responsabilidad de un error en el departamento que él mismo dirige. En junta de gobierno dijo que la encargada de estos anuncios se había jubilado, aunque después extendió la versión de una baja laboral, según fuentes del tripartito.
El edil de Economía regatea su responsabilidad. ¿Está dentro de la naturaleza del trabajo de un concejal la publicación de anuncios en prensa? ¿Debería Rosón haber llamado al departamento comercial de LA NUEVA ESPAÑA para anunciar el IBI? Evidentemente, no. Pero sí ha fallado como responsable de calidad de su departamento.
El malestar entre un sector de los trabajadores públicos es importante. Aunque en un primer momento los sindicatos no se pronunciaron tras las palabras del concejal, algunos funcionarios, en privado, se han manifestado incómodos. Se ven señalados. Que un Ayuntamiento ruede a buen ritmo depende profundamente del combustible que éstos echen a la caldera. Un cuerpo de empleados públicos bien engranado es garantía de funcionamiento riguroso. Y el entendimiento con el concejal es condición indispensable. Más aún en Economía, un departamento altamente sensible.
Hasta ahora, Rubén Rosón no ha empastado con el núcleo duro de los despachos de su concejalía. Una pega que no es solo suya, pues tampoco Somos, en líneas generales, lo ha hecho. Hay casos y casos, cientos de funcionarios, un ramillete de concejales y relaciones de todo tipo. Pero en lo sustancial, la cosa no marcha, dicen en los veteranos de la administración. En descargo de Rosón, hay que señalar que su relación con otros altos funcionarios es fluida y funciona, pero no en el área económica.
Ya a la hora de elaborar el primer presupuesto del mandato, saltaron chispas entre la jefa de Economía y el propio Rosón. Llevaba éste las cuentas a un terreno del todo político y encontraba frenos con la ley en la mano. De esos desencuentros habla que los dos Presupuestos municipales del tripartito hayan entrado en vigor con considerable retraso, un rara avis en los ayuntamientos del cambio. Ni La Coruña, ni Cádiz ni Madrid, ni Barcelona antes de la ruptura se habían visto en una así.
Esa falta de confianza en los funcionarios de alto rango la ha dejado clara Somos en todo momento. Cuando el Alcalde, el socialista Wenceslao López, acabó con las tres grandes direcciones generales (Economía, Abogacía y Personal), encontró el aplauso de los socios. Al poco, no mucho tiempo después, Somos sugirió que lo que hacía falta era un director general por cada una de las diez áreas municipales. Y que habría que conseguirlos con un sueldo "low cost", de no más de 35.000 euros al año. Es decir, no es que no quisieran directores generales, sino que los preferían más de su gusto. Hace poco más de dos semanas que, sin éxito, volvieron a la carga con esto en la junta de gobierno. Los socios se negaron.
El ejemplo de aquagest. La recién finalizada comisión de investigación del caso Aquagest es un ejemplo de la actitud de Somos a la hora de manejarse con algunos funcionarios. El grupo de trabajo debía analizar lo sucedido en torno a la devolución de un aval de 166.000 euros a una filial de la empresa de la trama del agua, en la época de Agustín Iglesias Caunedo (PP) como alcalde. La elaboración del documento de conclusiones casi acaba con el acuerdo de gobierno.
De inicio, el Interventor había informado negativamente a la hora de regresar el dinero a la empresa. Para dar firmeza legal a la resolución, el funcionario abrió un plazo de alegaciones. Pasados unos meses y estudiados los argumentos de la empresa, el Interventor decidió devolver el aval.
Tanto el Interventor como Agustín Iglesias Caunedo están investigados por esta actuación en una pieza separada del caso Pokémon. Investiga la juez si la retirada del aval tuvo que ver con varios viajes del entonces alcalde supuestamente pagados por el señalado como conseguidor de la trama del agua, Joaquín Fernández.
Pero en la comisión municipal, su presidenta, Ana Taboada, quiso vincular el cambio de opinión del interventor con la fecha de regreso de Iglesias Caunedo de uno de sus viajes. Es decir, que el documento de conclusiones que debían firmar varios concejales incluía afirmaciones erróneas. Y, como dicen algunos de los socios en privado, escondía la intención de mancillar a un funcionario.
Pero hubo un hito anterior en la comisión, cuando el PSOE no quiso firmar a ojos cerrados y hacer también suyo así el relato de Taboada. Somos, y también Podemos, salieron a señalar a Wenceslao López poco menos que como encubridor de la supuesta corrupción del PP y le perfilaban como responsable de una hipotética ruptura del pacto de gobierno si no firmaba aquello.
Finalmente, hubo que cambiar el documento. Fue el grupo municipal de Ciudadanos el que advirtió de una posible "falsedad documental" en las conclusiones de Taboada. La portavoz de Somos se "comía" el periodo de alegaciones que había abierto el Interventor y vinculaba la vuelta atrás en la decisión acerca del aval, con el regreso de Caunedo de un viaje a Nueva York, de los supuestamente pagados por Joaquín Fernández.
Se plantaron IU y el PSOE y advirtieron del riesgo a Taboada. Ponía al Interventor en la picota y el riesgo de una demanda por vulneración del derecho al honor era cierto. Ni los socialistas ni la coalición estaban dispuestos a correr ese riego y a poner en juego el patrimonio personal de sus ediles. En el último momento, Somos aceptó los nada irrelevantes matices y acabó por aceptar un relato no político y sí administrativo, como es preceptivo en una comisión municipal. Y cerraron así el capítulo de la comisión de Aquagest, un culebrón para señalar a Caunedo que casi termina con el gobierno de Oviedo.
