Los juristas ven "inviable" que el tripartito pueda cobrarle a la Iglesia el Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) u otro tributo local mientras no haya un cambio de la legislación estatal. Se refieren al concordato de 1979 con la Santa Sede sobre asuntos económicos -aún en vigor- y a la Ley de Mecenazgo del año 2002. Ambas normativas estipulan exenciones tributarias para la institución católica, asociaciones confesionales o inmuebles dedicados a la enseñanza acogidos a un régimen de concierto educativo, entre otros casos. Si bien esta opinión es unánime, cada letrado tiene su visión particular sobre lo que pasará en los próximos meses cuando el Ayuntamiento le reclame al Arzobispado que pague los recibos (incluso puede que los atrasados) por las posesiones que tiene en la ciudad y no están dedicadas al culto.
"El señor Rosón debería hacer los experimentos con gaseosa y dejar de jugar a ser concejal de Economía. Cada vez que tiene una ocurrencia le sale mal". El abogado y exletrado municipal, Miguel Teijelo, lo tiene claro. Las exenciones tributarias sólo pueden establecerse por ley "y las leyes no las dicta el Ayuntamiento". A su juicio el Consistorio va a tener "una lluvia de contenciosos" de seguir adelante con la elaboración de una lista de propiedades clericales en Oviedo e "intentar gravar residencias de sacerdotes, oficinas parroquiales o seminarios". Teijelo considera que el tripartito busca excepciones a la norma donde no las hay. "Si la Iglesia tiene un prao en Caborana alquilado a un paisano con unas vacas evidentemente no está sujeto a la exención tributaria, pero eso ya se sabía".
El catedrático de Derecho Administrativo Alejandro Huergo tira de jurisprudencia a la hora de inclinar la balanza hacia la Iglesia. "En alguna ocasión en la que el Estado intentó cobrar el IBI, el Tribunal Supremo dio la razón a una orden religiosa y anuló la norma correspondiente (sentencia de 19 de noviembre de 2014)". Sin embargo, matiza que los fallos del Tribunal de Justicia de la UE prevalecen sobre el criterio estatal, por lo que la doctrina europea en la que se apoya el Ayuntamiento de Oviedo para exigir el cobro de impuestos locales a la institución católica "abre la puerta a procesos posteriores".
Raúl Bocanegra, también catedrático de Derecho Administrativo, está de acuerdo "en términos generales" con que la Iglesia deba pagar impuestos y cree que dentro de unos años se hará extensivo a todo el territorio de laUnión Europea, pero antes es necesario legislar. "Lo que pretende hacer ahora el Ayuntamiento de Oviedo no es fácil y va a exigir procedimientos judiciales largos y sostenidos". Así, Bocanegra concluye diciendo que no cree que el tripartito consiga cobrarle los recibos al Arzobispado. "No doy un duro por el pleito del Ayuntamiento contra la Iglesia".
Su colega catedrático de Derecho Administrativo, Leopoldo Tolivar, defiende también el principio de igualdad a la hora de tributar. "Existe una desigualdad no razonable en determinadas exenciones a la Iglesia, aunque no debe perderse de vista que los Consistorios tienen limitaciones y que tampoco pueden determinar cuál es un lugar de culto y cuál no". Para el jurista, la interpretación internacional de las normativas estatales será clave para que, dentro de un tiempo, la institución católica tribute.
Por su parte, el concejal de Economía, Rubén Rosón, no ceja en el empeño de recabar toda la información posible sobre las propiedades eclesiásticas en el municipio, determinar las que no están destinadas al culto y pasarle los recibos a la Iglesia porque Oviedo ganaría "una millonada al año". Insiste en que "se trata de justicia fiscal y no de credo" y afea al sector crítico, como el PP, el hecho de que ponga en duda al Tribunal Europeo de Justicia.
