Rubén Rosón, concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, ha reclamado en los últimos días públicamente al Arzobispado que "colabore" para determinar las propiedades por las que la Iglesia debería empezar a pagar el IBI y otros impuestos municipales. Al no tener éxito en esa pretensión inicial, el edil de Somos remitió ayer una carta al titular de la Diócesis, Jesús Sanz Montes, para reforzar la petición y plantearle una reunión "en la que tratar este asunto y que permita poner en marcha un programa de trabajo conjunto que facilite la consecución de una relación de edificios destinados al culto" y que, en consecuencia, seguirían exentos del pago de los impuestos.

La misiva de Rosón comienza haciendo referencia a "la sentencia emitida por el Tribunal Europeo de Justicia, mediante la cual respalda al Ayuntamiento de Getafe en su reclamación del pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por unas obras realizadas en un edificio de la Iglesia católica no dedicado al culto". Este fallo, explica el concejal en su escrito, hace que el tripartito se vea "obligado" a "realizar un análisis de aquellas propiedades en las que, aún perteneciendo a entidades religiosas, no albergan ningún tipo de rito o celebración que pueda ser calificada de culto".

"A tal efecto, solicitamos su colaboración con el objetivo de obtener un listado de edificios que podrían estar obligados a hacer frente al ICIO y a otros impuestos municipales", añade Rosón, que queda "a disposición" de Sanz Montes para "celebrar una reunión".

"Millones"

Aunque no hace relación a ello en el escrito dirigido al Arzobispo, Rubén Rosón estima que las arcas municipales pueden ingresar millones de euros por los impuestos de las propiedades de la Iglesia que dejen de estar exentas. Sin embargo, los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA ven "inviable" que el tripartito pueda cobrarle al Arzobispado el IBI u otro tributo local mientras no haya un cambio de la legislación estatal, concretamente del concordato de 1979 con la Santa Sede sobre asuntos económico o de la Ley de Mecenazgo del año 2002. Ambas normativas estipulan exenciones tributarias para la institución eclesiástica.