Los vehículos abandonados que hay en el depósito municipal de Oviedo están cubiertos de polvo y a algunos les crecen ramas. En contra de lo que pueda pensarse, ninguno lleva allí más de dos años. De hecho, en el peculiar parque móvil -habilitado en una zona reservada- apenas hay modelos antiguos de turismos, motos o furgonetas. Buena parte de ellos procede de accidentes, alcoholemias o actuaciones judiciales que quitaron las ganas a los dueños de ir a recogerlos después del arrastre de la grúa. También hay quien prefirió mirar por su economía y al hacer cálculos se dio cuenta de que la retirada del coche le iba a salir por un ojo de la cara. La estancia en el depósito cuesta 15,80 euros al día.
Cada vehículo tiene su historia, pero los trabajadores se afanan por mantenerla en secreto para no infringir la ley y evitar problemas con la justicia. Cada semana, como en un goteo, acude algún que otro propietario al depósito de la calle Francisco Bances Candamo, junto al Talud de La Ería, para llevarse a uno de los olvidados. Suelen ser discretos y no dan demasiadas explicaciones. Allí todos saben lo que ha pasado. Si al coche le falta la matrícula (hay unos cuantos así) es muy posible que haya sido objeto de un acto vandálico tras pasar cierto tiempo en el mismo sitio. En estos casos, la Policía Local avisa a la grúa cuando ha comprobado que el vehículo está abandonado. Los agentes hacen un seguimiento de un mes al coche para cerciorarse de que nadie lo ha movido. Le notifican la situación al dueño instándole a que lo quite de allí y si no lo hace, el vehículo pasa a formar parte del parque de los olvidados.
Según la ley de residuos urbanos, el Ayuntamiento puede deshacerse del coche a los dos meses. Puede hacerlo de diversas maneras, aunque normalmente concede un periodo de gracia de unos dos años para facilitar que el dueño lo recupere. El caso más extremo fue el de Ignacio Quirós Estremera, que recogió su moto de colección en 2014, veintiún años después de que entrase en el depósito municipal. La historia se remonta al 28 de abril de 1993, cuando la grúa la retiró el vehículo -una Guzzi California- por un estacionamiento indebido en la calle Melquíades Álvarez. Estremera se negó a pagar la multa alegando que su vehículo estaba bien estacionado y llegó a manifestarse con llamativas pancartas en numerosos actos a los que acudía el exalcalde Gabino de Lorenzo, además de iniciar un largo proceso judicial.
Ahora el tripartito ha iniciado los trámites para contratar a una empresa que se encargue, previo pago, de retirar y desguazar estos vehículos. La adjudicataria del contrato se encargará de sacar de las instalaciones municipales del barrio de la Argañosa los coches y motos abandonados, así como de tenerlos depositados para proceder a su descontaminación y posterior destrucción. El proceso de licitación está abierto y el plazo para presentar las propuestas finaliza el 16 de febrero. El precio base del concurso fija un mínimo de 120 euros por turismo; 35 euros por motos y ciclomotores, y 150 euros por furgonetas y todoterrenos. Además, será la Policía Local quien, con carácter trimestral, pase a la empresa la lista de los vehículos a retirar.
