El concejal de Seguridad Ciudadana lleva mucho tiempo intentando buscarle solución a un problema que le trae de cabeza: la proliferación de cacas de perro en las calles y parques de Oviedo. Ricardo Fernández promovió en su día una campaña para concienciar a los propietarios de mascotas, ordenó a la Policía Local aplicar mano dura contra los incívicos e incluso ha dicho recientemente que pretende conseguir que los agentes puedan patrullar de incógnito en los parques para cazar infraganti a quienes no recogen las heces, pero por el momento no da con el antídoto para acabar con la suciedad. Tal es el empeño del edil socialista que llegó a reunirse con el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Asturias para saber si era posible instaurar en Oviedo un registro genético de canes y utilizar los análisis de ADN para localizar a los dueños que no cumplen las normas, pero de esas conversaciones extrajo que ese método "no es viable para Oviedo" porque "en la práctica parece que no sería efectivo", explica el concejal.

Armando Solís, el presidente del Colegio de Veterinarios, también le explicó a este diario por qué los profesionales del gremio no confían demasiado en un sistema que ya se utiliza en varios municipios del Levante, Cataluña, Comunidad de Madrid o Málaga y que la alcaldesa de Madrid estudia poner en marcha en la capital española. "Ahora mismo se podría decir que todavía se está experimentando con este tipo de métodos. A nosotros, cuando se planteó, no nos pareció muy eficaz para Oviedo", señala Solís. Hay varios motivos que le llevan a pensar así, pero hay uno que Armando Solís considera un escollo difícil de salvar. "Podríamos extraer el ADN de unas heces y saber quien es el dueño del perro, pero para poder denunciarlo tendría que verlo una autoridad. ¿Quién puede demostrar que esas cacas no fueron puestas ahí por otra persona que las cogió de una papelera o de la finca de un vecino con el que se lleva mal para fastidiarle?", dice Armando Solís.

Pero en los Ayuntamientos en los que se ha establecido el sistema parece que se obtienen resultados, quizá porque la medida es más disuasoria que efectiva y porque los dueños que son sancionados tras el análisis de ADN no suelen meterse en pleitos por una multa que suele ser de 200 euros. Xátiva (Valencia) fue el primer ayuntamiento en usar los controles genéticos contra las cacas en el año 2014.

El coste del programa está financiado por el consistorio y los propietarios pagan 36 euros por la prueba para el censo. Cada análisis de heces cuesta a su vez unos 20 euros.