El propietario del chalé que fue demolido en el Naranco a finales del año 2016 al no contar con las licencias pertinentes para edificar en una zona de especial protección escuchó hoy cómo el fiscal que lleva el caso rebajó la petición de condena para él al tener en cuenta el atenuante de dilación indebida. La acusación considera que el proceso judicial ha sufrido un retraso y se ha demorado más de lo habitual en perjuicio de los acusados. Alexander Ermakov, que entró a la sala con una petición de tres años y medio de cárcel, se enfrenta ahora a dos años y siete meses gracias a que el ministerio público cambió sus conclusiones al finalizar la vista. La petición para el arquitecto que supuestamente dirigió el proyecto -inicialmente de tres años- se queda ahora en 21 meses y la de los otros dos acusados -dos constructores que se encargaron de algunos de los trabajos- se fija en 18 meses de prisión.

El ministerio público tomó la decisión después de una tediosa vista que se alargó durante ocho horas en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo. Además de los cuatro acusados, pasaron por la Sala técnicos municipales, policías y peritos de diversa índole. También declaró una funcionaria del área de Urbanismo, que llegó a decir que la orden para notificar que la obra debía ser paralizada estuvo estancada en 2011 en el despacho del por entonces concejal de Urbanismo, Alberto Mortera. "¿Cree usted que Mortera lo paró con conocimiento de causa?", le preguntó el fiscal. "No podría decírselo", contestó la funcionaria, propuesta como testigo por parte de la defensa del arquitecto. "Existen informes policiales de enero de 2011 que ya advierten de la posible ilegalidad de la construcción, pero sin embargo la orden para frenar la obra no llegó hasta junio, cuando ya estaba todo hecho", sostiene el letrado del arquitecto.

El fiscal considera probado que Alexander Ermakov construyó un chalé de cien metros cuadrados en Brañes, en una zona conocida como Las Cabañas, cuando sólo contaba con una licencia municipal para levantar "una caseta de obra" de forma provisional, una estructura para los obreros que iban a encargarse de rehabilitar una quintana que hay en la parcela. Al arquitecto también lo considera culpable de los hechos porque, en su opinión, la participación del profesional fue necesaria para que se llevase a cabo la obra al margen de la legalidad.

El ministerio público considera que tanto el propietario de los terrenos como el arquitecto eran conocedores de que no estaban haciendo bien las cosas y que a lo largo del juicio ambos echaron balones fuera culpándose mutuamente. "Lo único que han hecho ambos durante todo el proceso ha sido eludir sus responsabilidades". Los otros dos acusados declararon que sólo se limitaron a realizar los trabajos por los que les habían pagado.