La sección tercera de la Audiencia Provincial ha revocado la condena de seis meses de prisión que impuso el Juzgado de lo penal número 2 al dueño de Cubo Express y a los dos encargados de la empresa por un delito de falsificación de documento público ha revocado la condena de seis meses de prisión. La primera sentencia, firmada por la magistrada María Elena González, consideraba probado que el dueño del negocio (Francisco Javier G. Á.) y dos de sus encargados (Santiago José O. A. y Antonio F. M.) contrataron con identidad falsa al menos a nueve inmigrantes que se encontraban en España en situación irregular, en su mayor parte senegaleses, a sabiendas de que estaban cometiendo una ilegalidad. La sentencia de apelación de la sección tercera, que firma el magistrado Javier Domínguez Begega, presidente de la sección, considera que no se da ningún falsificación de documento público, al tratarse las pruebas de documentos de la empresa, ni tampoco falsificación de privado, puesto que no hay prueba alguna de que se haya perjudicado al trabajador. Añade que no se ha presentado prueba alguna de que se explotase a los trabajadores extranjeros en la empresa.

El fiscal argumentó en su día en su escrito que los tres acusados emplearon a personas extranjeras "a sabiendas de su situación irregular por carecer de permiso de estancia, residencia y trabajo, y abusaron de la misma imponiéndoles condiciones de trabajo muy gravosas, no abonándoles la totalidad de las horas trabajadas" y sin vacaciones. Ese último aspecto no quedó probado durante el jucio según recoge en la sentencia la magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo.

El asunto se destapó después de que un trabajador sufriese un accidente el 25 de agosto de 2007. Estuvo año y medio en coma y finalmente murió. En su contrato figuraba una identidad. Pero cuando murió, un familiar dijo en la funeraria que se llamaba de otra forma. Los agentes tiraron del hilo y descubrieron que otro trabajador figuraba en la empresa con ese mismo nombre. Cuando irrumpieron en la empresa, en 2009, hallaron un nutrido grupo de trabajadores contratados bajo otra identidad. Los acusados estuvieron defendidos por José Manuel Fernández González y Ana García Boto.