El Partido Popular asegura que el cierre de la cantera de La Belonga "apunta a ilegal" y que haber paralizado la producción en las instalaciones situadas en Llagú (Latores) podría costarle al Consistorio "mucho dinero" en indemnizaciones si la empresa lleva el caso al los juzgados. Los populares han estudiado la jurisprudencia existente y concluyen que los ayuntamientos sólo tienen potestad para echar el cierre a una explotación de este tipo en el caso de que no cuente con la licencia municipal que le permita desarrollar esa actividad en general, nunca por exceso de ruidos ni porque una de las naves del interior de la planta no cuente con ese permiso a nivel particular. Esas decisiones, según entiende el PP, no son competencia de un concejal de Urbanismo y Medio Ambiente. "Han dicho que se cerró por el ruido, pero en realidad la han clausurado agarrándose a la falta de licencia de una de las naves que hay en las instalaciones, algo que encima podría haberse subsanado", explica el portavoz del partido, Agustín Iglesias Caunedo. "Han buscado una disculpa para poner en peligro muchos puestos de trabajo", añade.
El PP asegura que la vigente Ley de Minas avala su postura. "La normativa establece que ninguna autoridad administrativa distinta del Ministro de Industria podrá suspender trabajos de aprovechamiento de recursos que estén autorizados conforme a la presente ley", una ley que la cantera de La Belonga cumpliría al contar "con la pertinente licencia de explotación", según el razonamiento de los populares. "No parece que la ausencia de licencia municipal de la explotación concurra en este caso en el que, a la sazón, se reconoce a la empresa, como ha quedado dicho, la posibilidad de continuar la explotación de la cantera, aunque no otras fases de la producción", recoge literalmente un comunicado enviado por el PP.
Rentabilidad política
Agustín Iglesias Caunedo asegura que la clausura de la cantera de La Belonga -la empresa asegura que con la línea de tratamiento precintada no es posible producir- es una medida aplicada "a mala fe" por parte del equipo de gobierno. El portavoz de los populares sostiene que detrás de este movimiento de la concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, dirigida por Ignacio Fernández del Páramo (Somos), hay un interés "claramente político". Caunedo defiende que el gobierno municipal "se empeñó" en clausurar la cantera de La Belonga "con el único objetivo de tapar el engaño a los vecinos con la planta de aglomerado asfáltico de Priorio, a la que los servicios municipales han dado el visto bueno".
Agustín Iglesias Caunedo se refiere a la polémica generada en torno al proyecto de construcción de una planta de asfaltado y otra de hormigón en la cantera propiedad de la empresa Cárcaba, una iniciativa que ha provocado el rechazo frontal de los ciudadanos y que ha dado lugar a una plataforma en la que ya están implicadas más de medio millar de personas. "Participaron en movilizaciones y el concejal engañó a los vecinos prometiéndoles que iban a paralizar la instalación cuando sabían que esta nueva planta contaba con todos los parabienes de la legislación medioambiental del Principado de Asturias", subraya Caunedo.
Los vecinos de la zona de la cantera de Priorio siempre le han echado en cara al Ayuntamiento que se enteraron por una publicación del Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) de que la empresa Cárcaba había recibido luz verde por parte del Principado para poner en marcha una industria en la que se utilizan derivados del petróleo y que genera "sustancias cancerígenas como el benzeno". El Consistorio defiende que presentó recursos en contra de la planta desde un principio, pero la plataforma de afectados considera que hacerle frente al proyecto hubiese sido mucho más fácil si el concejal de Urbanismo les hubiese advertido antes. El asunto también provocó el enfrentamiento entre los socios de gobierno durante una comisión que se celebró el jueves con Priorio como único punto del orden del día. Tanto PSOE como IU le reclamaron a Somos "todos los expedientes y sus actuaciones" con respecto a la planta de asfaltado. Afirman que están recibiendo trabas para acceder a esa información.
