El fiscal anunció hoy durante las conclusiones del juicio por el caso de La Madreña, que hoy celebró su segunda y última sesión en el TSJA, que eleva de 1.440 a 4.500 euros la petición de multa para el concejal de Economía de Oviedo Rubén Rosón y el diputado regional Andrés Ron por un delito de usurpación al considerar que su participación en la actividad del edificio ocupado fue "regular" y en casos como el de Ron lideró incluso las movilizaciones contra su desalojo.
La Fiscalía eleva también hasta 2.100 euros la sanción solicitada para Iván Martínez, después de que este reconociera la participación en asambleas que el fiscal atribuye a los órganos de gestión de la antigua sede de la consejería de Sanidad entre los años 2011 y 2014, mientras que mantiene los 1.440 euros iniciales para los siete acusados restantes.
Antes de las conclusiones pasaron por la sala nueve policías para prestar declaración sobre las diferentes identificaciones de los acosados y sus recuerdos sobre el desalojo del edificio en la madrugada del 3 de junio de 2014. Los agentes coincidieron en señalar que sus recuerdos eran confusos y se remitieron a los informes redactados entonces. Aun así, uno apuntó que tanto el actor David Acera como el historiador Diego Díaz les habían reconocido ser "responsables de la asamblea que dirige el centro".
Sobre la versión de los cinco desalojados, entre ellos Andrés Ron, que aseguraban estar estudiando en el centro el día del desalojo, uno de los policías sostuvo que estaban sentados en círculo y no tenían libros, ni siquiera en sus mochilas, mientras que otro declaró haber visto algún libro. También discreparon sobre si en las habitaciones de La Madreña habiá colchones para pernoctar.
Los cuatro abogados defensores aprovecharon su intervención para asegurar la existencia de un error de tipo en la acusación. Sostuvieron que el edificio estaba abandonado y por tanto en caso de ocupación el proceso debería de ser llevado por la vía civil en vez de la penal. Asimismo defendieron el hecho de que ni la empresa ni la policía no se dirigiera en ningún momento a los acusados para decirles que no podían utilizar las instalaciones.
