Un nuevo defecto de forma amenaza con llevarse por delante el denominado IBI diferencial "para ricos" con el que el Ayuntamiento de Oviedo pretende gravar a grandes propietarios pese al revés judicial del pasado año. Según apuntan las fuentes jurídicas consultadas, la ordenanza fiscal que regula el impuesto en 2018 no es nueva, sino una modificación de la del pasado ejercicio, que fue declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y que, por tanto, no tiene valor alguno. A partir de ahí, los especialistas dan por hecho que los jueces también tumbarán el IBI diferencial de este año, al basarse en una ordenanza anulada previamente, y en su integridad, por los jueces.

Varios afectados, entre ellos grandes empresas asentadas en el centro de la ciudad, ultiman una demanda por la vía del Contencioso Administrativo y confían en presentarla el mes que viene. Los plazos apuntan a que, de ser así, la sentencia podría llegar en noviembre.

"Ayudas ilegales"

Las fuentes consultadas también alertan de que el Ayuntamiento pudo haber cometido otro defecto formal con los tiempos de información pública, dejándolos en 15 días en lugar del mes que sería preceptivo. Y todo ello sin entrar en el fondo de la cuestión, que, para los afectados, consiste en que el Consistorio, al modificar su normativa fiscal para incluir incrementos "por motivaciones ideológicas", estaría cometiendo "ayudas estatales ilegales". Éstas consistirían, según explican los juristas consultados, en movimientos fiscales que no se aplican a todo un sector y que no se fundamentan en probadas razones de interés general.

La ordenanza del IBI de Oviedo ya fue tumbada el pasado año por la ausencia de una inserción publicitaria en un medio de gran tirada anunciando el nuevo impuesto. Se trató de un "vicio de nulidad absoluta", según el TSJA, que no llegó ni a abordar el fondo de la cuestión planteada en los recursos.

Según explicó en su momento el edil de Economía, Rubén Rosón (Somos), en la propuesta fiscal para este año se incluyó una modificación del denominado IBI de los ricos, consistente en que el suelo para empezar a aplicarlo pasase de uno a dos millones de euros, aunque solo para almacenes y garajes.

El denominado IBI diferencial a partir de un valor catastral de un millón de euros obliga a tributar a más de medio millar de ovetenses que estacionan sus vehículos en parkings en los que las propiedades no están separadas horizontalmente. El incremento medio del recibo para estas personas oscilaría entre los 40 y los 70 euros.

Las previsiones de Rosón pasaban porque, con el suelo en dos millones de euros de valor, dejaran de pagar el IBI para ricos 20 de las 42 referencias catastrales afectadas.

El PP y Ciudadanos ya han advertido de que la ordenanza de este año corre riesgo legal.