La polémica social llega a los tribunales de justicia. La Hermandad de Defensores de Oviedo ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) la sustitución de las placas identificativas de las calles afectadas por la Ley de Memoria Histórica. El colectivo estima que se ha podido incurrir en delitos de daños contra el patrimonio público, malversación y prevaricación, siendo los presuntos autores los miembros del equipo de gobierno.

En concreto, la hermandad solicita que se abran diligencias de investigación y se requiera al Ayuntamiento para que “certifique el gasto total del cambio de placas, a los efectos de valorar el quebranto para el patrimonio público, así como que se tome declaración al regidor y a los concejales del PSOE, IU y Somos”.

La hermandad pone en conocimiento del Ministerio Fiscal que la vista del juicio sobre este asunto está señalada para el 4 de julio a las 11,30 horas, en el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 6 de Oviedo, que "ya han sido varios los Juzgados que en España se han pronunciado en contra del cambio de nombres de las calles en supuestos idénticos al de Oviedo". Y que "incluso Ayuntamientos como el de Madrid, decidieron suspender la ejecución del cambio de nombres a la espera de una resolución judicial firme". Pese a todo ello, sostiene, "el Ayuntamiento decide aplicar la vía de hecho y apresurarse a ejecutar el cambio".

"En esa operación se reconoce haber gastado 57.000 euros, a los que habría que añadir el coste de eliminar las actuales placas de bronce y el acto protocolario de descubrimiento de los nuevos rótulos, con una estimación inicial superior a los 70.000 euros", según la hermandad, para la que "es evidente que el interés general no pasa por gastar fondos públicos en actuaciones de cariz sectario y partidista, teniendo que asumir los efectos negativos para el presupuesto municipal de una posible sentencia contraria al Ayuntamiento, por apresuramientos innecesarios".

"Lo sucedido pudiera tener relevancia penal, en su caso, en los delitos de daños contra el patrimonio público, de malversación y de prevaricación, siendo presuntos autores de los mismos el Alcalde de Oviedo y los miembros del equipo de gobierno municipal", dicen los defensores, que solicitan del Ministerio Fiscal se abran diligencias de investigación y se requiera al Ayuntamiento para que certifique el gasto total en el que se ha incurrido, a los efectos de valorar el quebranto para el patrimonio público, así como recibir declaración al Alcalde y concejales del equipo de gobierno formado por PSOE, IU y Somos Podemos, sobre los hechos relatados y su presunta participación en los mismos.