El Ayuntamiento de Oviedo tendrá que otorgar el permiso para abrir un piso turístico a pesar de carecer de una normativa local para realizar dicho trámite. Un fallo del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 abre la puerta a que los alrededor de 300 propietarios de la ciudad que quieren y no pueden regular el alquiler de sus inmuebles mediante diferentes plataformas por internet "por un limbo legal" puedan por fin ponerse en regla.

El Consistorio ovetense es el único de la región que no concede licencias para este tipo de alojamientos desde la aprobación en 2016 de una normativa autonómica específica para la denominadas Viviendas Turísticas o Viviendas de Uso Turístico. El motivo es que, entre los requisitos para poder inscribirse en el registro regional, se encuentra una licencia que Urbanismo asegura no poder conceder por la falta de una normativa local cuya existencia no será posible hasta la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Hasta la fecha habían solicitado el permiso municipal unos 30 propietarios. El primero en llegarle denegada la licencia recurrió a los tribunales y ahora estos señalan que la negativa municipal "va en contra del ordenamiento jurídico", puesto que existen varias normativas, entre ellas una directiva europea, que defienden el derecho a acogerse a esta figura de negocio sin necesidad de recibir el visto bueno de la administración local.

El fallo del juez, contra el que cabe recurso de apelación, es contundente. "El Ayuntamiento convierte la autonomía municipal en un gueto que ni siquiera respeta la normativa comunitaria", indica en el fallo sobre el hecho de que Oviedo sea el único municipio de Asturias, incapaz de otorgar seguridad jurídica a los propietarios de pisos turísticos.

La sentencia se apoya especialmente en dos puntos. Considera que la decisión de Oviedo de aplicar a este tipo de casos una normativa sobre hostales y pensiones, a la que sólo pueden acogerse bajos y primeros pisos es errónea y no puede considerarse análoga. Asimismo, destaca que va en contra de la directiva europea orientada a simplificar las trabas administrativas. La misma sostiene que no es necesario obtener una licencia para actividades en las que no se afecte al orden público. "No cabe licencia porque no se usa suelo municipal", defienden los abogados Manuel Herminio y Eduardo García, padre e hijo ovetenses, encargados de llevar el caso.