El Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (Invied), dependiente del Ministerio que dirige María Dolores de Cospedal, acaba de retirar de la venta la antigua residencia de oficiales Comandante Vallespín del barrio del Milán, tras haber cubierto el plazo de un año sin haber recibido ni una sola oferta por un inmueble tasado en 1,64 millones de euros. Las fuentes consultadas ayer en el instituto por LA NUEVA ESPAÑA reconocieron que no hay una decisión tomada sobre el futuro del edificio, aunque, legalmente, Defensa podría sacarlo de nuevo a subasta con una reducción del precio de salida.
Antes de salir infructuosamente a la venta durante un año, la residencia de oficiales del Milán ya fue objeto de dos subastas y ambas quedaron desiertas. La primera por un importe de 1,82 millones de euros, y la segunda por los mismos 1,64 millones en los que se puso a la venta.
Las dificultades que está encontrando Defensa para vender el inmueble del barrio del Milán reactiva el interés del tripartito por hacerse con él en régimen de cesión. Así lo puso de manifiesto ayer Cristina Pontón (IU), edil responsable de Patrimonio. "La compra está descartada, pero sí que sería interesante una cesión para dedicar el edificio a usos vecinales, sede del archivo e, incluso, a vivienda pública", afirmó.
Características
La residencia de oficiales está calificada como suelo urbano consolidado. El solar en el que se levanta tiene una superficie de 227 metros cuadrados y dispone de semisótano (157 metros), planta baja (241 metros), cuatro pisos (192,44 metros) y un torreón (53 metros). En la publicidad para su venta, el Ministerio de Defensa destacaba que el edificio, situado en el número 14 de la calle Teniente Alfonso Martínez, en la confluencia con la plaza de Santullano, "se encuentra totalmente integrado en el entramado urbano, por lo que tiene acceso directo a todos los servicios de la zona".
Defensa ha advertido de que el inmueble militar del Milán forma parte del entorno de la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados. Esta circunstancia obliga a que cualquier intervención que se proponga para el edificio, tanto por particulares como por administraciones públicas, deberá ser sometida previamente a los requisitos de la legislación vigente en materia de protección del patrimonio, algo que podrá haber echado para atrás a posibles compradores.
