La sentencia del caso Gürtel condenó hasta 13 cargos orgánicos e institucionales del Partido Popular, entre otros. La Audiencia Nacional considera acreditado que el PP tuvo una Caja B cebada con donaciones de empresarios a cambio de contratos públicos y condena al propio PP, como persona jurídica, al ser beneficiario de un "auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública". El tribunal da por hecho que algunas de las cantidades defraudadas sirvieron para pagar gastos electorales del Partido Popular o se destinaron a la llamada Caja B de la formación, considerando acreditada su existencia al definirla como "una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente, al menos desde el año 1989".

La reacción oficial del Presidente del Partido Popular y del Gobierno de España, Mariano Rajoy, fue aseverar que la sentencia, "no afecta en modo alguno a este Ejecutivo", cuando la sentencia dice que el PP financió su campaña con fondos corruptos, algo que afecta a la raíz del sistema democrático; y cuando la Secretaria General del Partido Popular y Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, puso en duda nuestro sistema de jurídico al afirmar que: "no hay ninguna Caja B aunque lo diga un juez".

Imagino, porque los partidos políticos están formados por seres humanos de todo tipo y condición, que muchos cargos políticos, militantes y votantes del PP, han sentido amargura y vergüenza tras conocerse la sentencia. Un ejemplo fue la reacción de la diputada por el Parlamento de Cataluña, Andrea Levy, que escribió "con la humildad y la honestidad que conlleva el servicio público, creo que toca pedir disculpas. Es evidente que fallaron los mecanismos de control".

Cuando uno es el máximo responsable político no solo de la situación de su partido sino del Gobierno de España, debe asumir esa responsabilidad sin (más) mentiras. No hay peor movimiento político que huir de la verdad, atrincherarse y buscar cómplices en tu propio partido bajo la falsa bandera de la lealtad; arremeter contra los adversarios políticos que se niegan a mirar hacia otro lado acusándolos de antiespañoles, empeñarse en hacer pasar como algo normal tanta corrupción.

Ante esta situación, excepcional e indecente, que Mariano Rajoy quería librar sin asumir responsabilidades, sólo cabía una propuesta de solución responsable, digna y constitucional: la moción de censura propuesta por el Partido Socialista Obrero Español, el primer partido de la oposición. Se critica que lo hizo sin negociar con el resto de las fuerzas políticas, algo cierto, pero creo que la lucha contra la corrupción política es una prioridad para todos, sea uno ideológicamente de derechas, de centro, de izquierdas o transversal. Y si el partido en el Gobierno no solo no la combate sino que es el origen, no queda otra opción que expulsarlo democráticamente.

Se trata de una moción por higiene democrática. Un partido como el PSOE no puede quedarse de brazos cruzados.

Desde que se conoció la propuesta de la moción, los diferentes partidos políticos, muy divergentes entre sí, intentan negociar el sí o el no con el Partido Socialista, lo que me lleva a pensar que, en efecto, están de acuerdo en que Mariano Rajoy debe asumir responsabilidades políticas, pero por cálculos electorales, necesitan un rédito político. Aunque el rédito ya lo tienen votando sí a la moción: la dignidad. La dignidad ni se compra ni se vende ni se negocia, se tiene o no se tiene, se practica o no se practica. Hay que reivindicar la política honesta basada en el trabajo en defensa de lo público y del interés general de la ciudadanía, seas del partido que seas. Y si el problema es fijar la fecha de las elecciones, Pedro Sánchez ha propuesto consensuar ese calendario. Ya no quedan excusas.

La moción de censura del PSOE es un deber democrático. Ahora, los diputados que representan al pueblo español, tienen la palabra.