Oviedo, P. RUBIERA
Los artículos 2, 4 y 7 de la ley de Uso y Promoción del Bable / Asturiano pudieran no ser constitucionales. Así lo afirma en una providencia Miguel Ángel Carbajo Domingo, del Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Asturias, en respuesta a la demanda interpuesta por Xurde Blanco Puente, letrado titular del Servicio Jurídico del Principado, contra la Consejería de Presidencia por vulneración de sus derechos fundamentales. En el origen de la demanda está la negativa de la citada Consejería a tramitarle, el pasado mes de marzo, dos solicitudes de permiso -ambas relacionadas con problemas de salud- por estar escritas en asturiano. Uno de los permisos era para someterse a una intervención cardiológica y, el otro, para las pruebas previas que requiere toda intervención.
Con fecha del pasado 15 de junio, el juez dictó una providencia en la que invita a las partes -demandante, Ministerio Fiscal y Gobierno de Asturias- a pronunciarse en el plazo de diez días sobre las tres cuestiones de posible inconstitucionalidad de la ley de Uso que plantea el magistrado. La norma se adentra, dice el juez, «en materia reservada formalmente al Estatuto de Autonomía al disponer la ley un régimen con vocación de oficialidad»; se adentra, asimismo, «en materia propia de la legislación administrativa básica y Estatuto de los Funcionarios en relación al lenguaje administrativo oficial» y, finalmente, observa una «posible conculcación del derecho de igualdad de los ciudadanos en relación a su actividad ante las administraciones públicas».
Xurde Blanco, uno de los doce letrados del Servicio Jurídico del Principado y uno de los cuatro que lo es por concurso oposición, declaró ayer a LA NUEVA ESPAÑA que presentará sus alegaciones en el plazo estipulado. «Entiendo que la ley de Uso es plenamente constitucional, sin ningún género de dudas. Yo también alego en mi demanda la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que tiene el mismo espíritu que la ley de Uso del Bable, con lo que tal vez podría ser también inconstitucional».
En el contencioso que interpuso contra la Consejería de la Presidencia, Xurde Blanco presentó una prueba documental muy amplia, que incluye escritos en lengua asturiana tramitados en prácticamente todas las consejerías del Principado.
Presidencia, según declaró a este diario Manuel Cabaleiro Teijeiro, director general en funciones de Relaciones Institucionales y del Servicio Jurídico, tramita escritos en castellano y en bable, «pero lo que no se está admitiendo es que los presenten funcionarios de esta Consejería en su condición de tales».
El artículo 4 de la ya citada ley de Uso dice en su apartado 2 que «se tendrá por válido a todos los efectos el uso del bable-asturiano en las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado de Asturias».
Leopoldo Tolivar Alas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo y autor de varios ensayos e informes sobre la lengua asturiana, considera interesante la providencia del juez, «porque conoceremos, de una vez por todas, lo que opina el Principado sobre la ley».
Aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, la ley de Uso se aprobó en marzo de 1998, durante el período final del Gobierno de Sergio Marqués. En opinión de Tolivar Alas, «era un momento difícil y la ley tiene contradicciones. Algunos constitucionalistas opinan que propone una cooficialidad encubierta y contraria al artículo 3 de la Constitución». No obstante, el especialista considera más arriesgada, desde el punto de vista de su constitucionalidad, la ley que proclama la oficialidad del aranés, y nadie la ha cuestionado. «Lo que ocurre con el bable es que es el hermano pobre en cuestión de lenguas minoritarias españolas», añade.
Natural de Anes (Siero), Xurde Blanco, de 58 años, mantiene desde hace tiempo contenciosos con la Administración del Principado por reivindicar su derecho a expresarse en asturiano, su lengua materna. Es secretario de la asociación Aconceyamientu de Xuristes pol Asturianu, integrada por más de medio centenar de abogados. Él afirma estar dispuesto a llevar su pleito hasta el Tribunal de Estrasburgo.
