Oviedo, N. A. / L. G.
Las cuentas de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) han determinado que la Asturias más rica sigue estando en el centro y que todos los grandes concejos de la región, incluidos los involucrados en el drástico recorte de la minería, ocupan posiciones altas en una clasificación de la renta familiar que lideran, por este orden, Oviedo, Castrillón, Llanera y Gijón. La propia SADEI distingue entre dos partes de esa Asturias de apariencia más próspera: la que mejora gracias a un aumento de la actividad económica y aquella otra cuyos niveles de renta se mantienen elevados en buena medida gracias a las prestaciones sociales (prejubilaciones, pensiones y otros subsidios). Este último caso es el de los concejos mineros. Once de ellos aparecen entre los 20 más ricos del Principado.
Conforme al trabajo «La renta de los municipios asturianos», una investigación que elabora cada dos años el observatorio económico regional, en 2004 la aportación media de las citadas prestaciones sociales representó más del 40 por ciento del conjunto de las rentas familiares en las zonas mineras, por encima del promedio de la región (26 por ciento). Es una estimación basada en la llamada «renta disponible ajustada neta», una aproximación estadística a las rentas de las familias, para cuyo cálculo se tienen en cuenta tanto los ingresos en dinero (salarios, rendimientos del trabajo autónomo y de las propiedades, pensiones, subsidios de paro...) como los obtenidos «en especie», equivalentes a los gastos que representan los servicios públicos de sanidad y educación.
Los economistas de SADEI hacen la siguiente disección sobre los concejos que aparecen en los primeros puestos de la renta familiar: «De un lado se encuentran los municipios de Oviedo, Llanera, Castrillón, Gijón y Siero, que asientan su avance sobre ganancias de población y empleo de forma significativa y, del otro, los concejos mineros de las cuencas del Nalón y del Caudal, que están perdiendo población de forma acelerada, presentan tasas de actividad muy bajas y se benefician de importantes ingresos en concepto de pensiones y de prejubilaciones derivadas de reestructuración de la minería del carbón». La notable dependencia de las prestaciones sociales es un rasgo común a las zonas hulleras del Caudal y del Nalón y a la antracitera del occidente asturiano.
l Caudal. Mieres y Aller son los concejos mineros que ocupan posiciones más elevadas -la quinta y la séptima, respectivamente- en la clasificación regional de la renta. Las aportaciones en pensiones, prejubilaciones, subsidios de desempleo y otras prestaciones análogas representan más del 48 por ciento del conjunto de la renta familiar allerana. En Mieres tal proporción supera el 42 por ciento, y está en niveles similares en Riosa y Morcín. Sólo Lena (39,10 por ciento) tiene una dependencia un poco más moderada de los citados ingresos.
lNalón. El 36,2 por ciento de la renta familiar de los langreanos tiene origen en las mismas prestaciones. Su importancia para los hogares es más acentuada en Laviana (47 por ciento) y San Martín del Rey Aurelio (45,4) y menor en Caso y Sobrescobio, territorios del alto Nalón sin actividad carbonera.
lOccidente y centro. Las prestaciones sociales en efectivo suponen también más del 40 por ciento en territorios que tienen explotaciones en activo o las tuvieron hasta hace pocos años, como Teverga y Degaña. En Cangas del Narcea, el peso de las pensiones, prejubilaciones y subsidios llega al 35 por ciento de la renta. Tineo, en cambio, se queda en el 27 por ciento. En otras zonas con tradición minera, como Bimenes, en la zona centro-oriental de la región, también existe una pronunciada dependencia de las prestaciones.
«Los concejos encuadrados en las cuencas mineras, si bien aún se mantienen por encima o muy cerca de la media regional de renta por habitante, parece que podrían estar en la fase de agotamiento de un ciclo, puesto que de los 19 concejos que crecen por debajo del promedio regional 12 son mineros», avisa SADEI. Y da a entender que las Cuencas pueden estar ante las dificultades sobre las que los propios sindicatos mineros alertaron ya cuando arrancó el ajuste más fuerte del carbón (1991): que las prejubilaciones son un «colchón» de renta con fecha caducidad.
