Oviedo,
J. E. MENCÍA
Los directivos y ex directivos del Montepío de la Minería Asturias imputados por un delito de administración fraudulenta y gestión desleal supuestamente cometido en dos operaciones urbanísticas desarrolladas por la entidad en Murcia y Almería comenzaron a pasar ayer ante la juez que instruye el caso en Oviedo, la titular de la sala número cuatro, Elisa Llaneza, para prestar declaración sobre la compraventa de inmuebles. Ayer fueron siete los dirigentes de la entidad que acudieron a declarar, entre ellos el antiguo presidente de la mutua, Alfredo Álvarez Espina, y el que fuera vicepresidente con éste cuando se firmaron las operaciones de compraventa, Ricardo González Argüelles.
Las fuentes consultadas ayer por este diario evitaron ahondar en el contenido de las declaraciones realizadas por los siete directivos, que empezaron a desfilar ante la juez pasadas las diez y media de la mañana. Sí trascendió que los imputados rechazaron responder a las preguntas de la acusación, ejercida por el bufete de Manuel Maza de Ayala, y que pasaron a declarar ante Elisa Llaneza de forma individual, sin que en ningún momento se contrastaran, confrontándolas, al menos directamente, las declaraciones de unos y otros.
Ninguna de las partes de la demanda quiso ayer dar más detalles de las declaraciones, y se limitaron a señalar que para hoy está prevista la toma de declaración de otros siete directivos, mientras que el resto, otros ocho, hará lo propio mañana, viernes. La demanda del Montepío, que ya fue interpuesta en julio de 2003, entra así en una fase clave tras más de cuatro años convertida en una batalla de recursos en los despachos judiciales.
Las operaciones urbanísticas objeto del proceso judicial se firmaron a principios de 2003, cuando el Montepío vendió 60 adosados en la urbanización «Los Narejos», en Los Alcázares, en Murcia, y compró 140 apartamentos en Roquetas de Mar, Almería. Los demandantes, agrupados en Plataforma de Afectados, denunciaron que la entidad vendió los adosados a bajo precio y compró los apartamentos por encima de su valor. Además señalaban que la operación urbanística, de más de 15 millones de euros, tenía «gato encerrado» porque había sido firmada por el Montepío con dos sociedades de Madrid y Barcelona que nunca habían tenido actividad anteriormente ni sede social u oficinas propias, según los datos del Registro Mercantil, y que aparecían con el mismo administrador único, un ex minero de Morcín que vincularon con varios dirigentes de la mutua.
Tras varias denuncias y cruces de recursos, la Audiencia Provincial de Cartagena ratificaba la imputación decretada por los Juzgados de San Javier de los directivos que firmaron las operaciones de compraventa y añadía a la lista al ex minero de Morcín que las había firmado. Posteriormente, tras un nuevo recurso de los abogados de la entidad, la sala de San Javier trasladaba el caso a los tribunales de Oviedo, que tras estudiarlo durante un tiempo ha decidido llamar a declarar a los directivos imputados.
