Oviedo, Ch. NEIRA
La portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, compareció ayer en rueda de prensa para valorar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que desestima el recurso presentado por Teleasturias contra el Principado por la interrupción de su señal tras la nueva adjudicación de licencias de televisión digital en la región.Migoya se mostró «satisfecha» con el fallo que respalda la actuación del Ejecutivo regional y explicó que esta sentencia firme «da un varapalo a los que quisieron dejar al Gobierno en mal lugar».
Ana Rosa Migoya se refería, así, a la tormenta política generada con la concesión de las licencias de televisión digital y la consiguiente reordenación del espacio radioeléctrico en el Principado que dejaba fuera a Teleasturias y le obligaba a interrumpir sus emisiones. La cadena recurrió -según un comunicado de Teleasturias éste es sólo uno de los varios frentes judiciales abiertos- y ahora el TSJA respalda al Gobierno regional en su decisión y niega a la cadena la exigencia planteada en el recurso de que se anulase el cese de sus emisiones por haber visto así vulnerados los principios de igualdad, legalidad y distribución competencial.
En la sentencia firme del Superior de Justicia de Asturias, contra la que sólo cabe un recurso extraordinario de casación, como se encargó de recordar ayer la portavoz del Gobierno, no sólo se respalda la decisión del Principado y se desestima el recurso, sino que se recuerda a Teleasturias que la cadena partía de una situación inestable y un tanto extraña al carecer de licencia de televisión regional.
Así, el tribunal recuerda que Teleasturias no tenía la autorización administrativa correspondiente, «al carecer de título habilitante necesario para prestar su actividad, siendo evidente que está emitiendo cuando menos, en precario». También explica a la cadena que el Principado no abrió ningún expediente sancionador «pese a que (Teleasturias) venía ocupando de manera irregular alguna de las frecuencias» y niega la vulneración del principio de igualdad pues, concluye la sentencia, «no consta que existan otras emisoras en idéntica situación irregular».
Migoya entienda que la sentencia, «clara, rotunda y contundente», demuestra que el Gobierno actuó «desde la legalidad» y «pone en su lugar» a los que les acusaron de ir contra la libertad de expresión. La portavoz del Gobierno dedicó tiempo a recordar los ataques que sufrió el Ejecutivo por parte de responsables políticos regionales con este motivo y la que describió como «campaña mediática desproporcionada».
