Salomé SUÁREZ
El secretario general de CC OO de Oviedo, José Manuel Prieto, reclamó ayer a las administraciones regional y local más implicación en la búsqueda de soluciones para los trabajadores de la Fábrica de Loza de San Claudio, exigió recolocar a los 51 despedidos y anunció que la central sindical montará piquetes para impedir la salida de piezas de la factoría «en cumplimiento de la ley de Patrimonio». Acompañado de varios miembros del comité de empresa de la locería, Prieto realizó una dura crítica, repartida equitativamente entre Principado y Ayuntamiento, al papel que han jugado los políticos -a los que acusó de «indolencia»- en este conflicto laboral.
José Manuel Prieto expresó la disconformidad del sindicato con el auto judicial que autoriza la extinción de 96 empleos en la locería -donde quedarán 43 trabajadores-, «porque respetamos las decisiones de los jueces, pero también creemos que se puede opinar sobre ellas y ésta, de nuevo, rompe la cuerda por el lado más débil, que es el de los trabajadores, y acepta un plan con importantes contradicciones legales, sin mencionar que se obvia la actual tramitación de un expediente para declarar la factoría bien de interés cultural».
Para CC OO el auto tiene un valor relativo. El sindicato considera que tras esta decisión del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo aún hay un margen de actuación que nadie ha aprovechado: «CC OO se niega a seguir este documento como único guión, porque también está el lado humano y el del patrimonio de todos los asturianos que no pueden dejarse de lado».
Por ello, la central dirigió el martes una carta a la consejera de Cultura del Principado, Encarna Rodríguez Cañas, «no para que opine, sino para que intervenga. Porque la autorización para llevarse loza y calcomanías se da de bruces con la legislación española». Prieto anunció que el sindicato montará piquetes para impedir la salida de piezas -«a Marruecos o a cualquier otro sitio»- hasta que Cultura decida intervenir. «Ahí estaremos, con la ley en la mano y por dejación de funciones de la Administración competente, en este caso el Principado; si no toman medidas, bloquearemos la fábrica», advirtió. «Y si alguien», dijo, «decide que sí se pueden sacar esos bienes, apaga y vámonos. Porque supondrá comprar piezas hechas en Marruecos con el sello de San Claudio y la antesala de los 16 trabajadores que el empresario pedía en un principio».
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