Gijón, A. RUBIERA
Los casi 20.000 funcionarios de la Administración regional que esperasen cobrar en noviembre los primeros pluses salariales por su adhesión a la carrera profesional ya no podrán contar con ese dinero, ni podrán hacerlo, sospechan algunos sindicatos, hasta dentro de dos o tres años, porque la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha emitido un auto de suspensión cautelar de actos que tengan que ver con esa adhesión. El TSJA atiende así la petición realizada por la Corriente Sindical de Izquierdas. El sindicato interpuso un recurso contencioso-administrativo tras publicarse el pasado mes de mayo la resolución de la Consejería de Economía y Administraciones Públicas que suponía la puesta en marcha de la carrera profesional para todos los funcionarios del Principado (a excepción de los sanitarios). La medida afectaba a unos 20.000 funcionarios, de los que aceptó entre el 95 y el 98 por ciento.
La tesis de la CSI es que la Administración inició un procedimiento «de forma absolutamente irregular, que para nosotros raya la ilegalidad, ya que con el señuelo de pagar a cuenta un dinero pretendía que los funcionarios les firmásemos un "cheque en blanco" que compromete nuestro futuro», expuso Marco García, portavoz de la Corriente. El Principado dio un plazo de dos meses para que los funcionarios de carrera y personal laboral fijo con una antigüedad de cinco años pidieran su adhesión a la carrera profesional, cuyo desarrollo aún no se ha efectuado. Esa solicitud garantizaba el pago, con carácter retroactivo a 1 de enero de 2007, de los pluses económicos correspondientes (2.500 euros para el grupo A; 1.600 para el grupo B; 1.050 para el grupo C; 850 para el grupo D y 650 para el grupo E). Pero en la disposición de la Consejería se determinaba que, una vez concretado el desarrollo de la carrera, el personal que hubiera recibido los pluses y no superase la evaluación correspondiente debería reintegrar las cantidades percibidas hasta la fecha.
La Corriente tiene que formalizar la denuncia contra la disposición de la Consejería y, mientras el asunto se dilucida, «se debe suspender cualquier acto vinculado a la carrera profesional», insisten desde CSI. UGT y ANPE arremetieron ayer contra ésta por considerar que un sindicato «poco representativo priva de la carrera y consigue discriminar al colectivo de empleados públicos respecto al personal estatutario».
