Manuel Nieto, secretario general de la federación de Administración pública de CC OO de Asturias, cargó ayer contra la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) porque «no tiene capacidad de negociación, porque representa a muy pocos y no le importa fastidiar a casi 20.000 trabajadores, cuando hay un acuerdo de voluntades idéntico al que se establece para defender los derechos de la negociación colectiva». Añadió que CC OO «va a hacer todo lo necesario para que se aplique el acuerdo. Buscaremos todas las alternativas posibles».
Más duros fueron los responsables de UGT. Carlos González Peón, secretario de organización de la Federación de Servicios Públicos (FSP), mostró su sorpresa «por que un sindicato cargue contra los trabajadores en lugar de velar por sus intereses. Es realmente sorprendente que los que queman calles y farolas para defender lo indefendible recurran a los tribunales para que los trabajadores no cobren». Añadió el dirigente ugetista que «vamos a recurrir el auto, y si no nos dieran la razón, estamos dispuestos a llegar al Supremo; pero lo que tiene que hacer CSI es retirar el recurso y favorecer a los trabajadores, no ir en contra de ellos».
José Luis González, coordinador regional de Usipa, criticó «la torpeza de la Corriente, porque se puede recurrir el acuerdo, pero en ningún caso solicitar la suspensión, cuando favorece a todos los compañeros. Si lo hubiera hecho así, a la Administración le hubiera dado tiempo a negociar y desarrollar el marco normativo y los funcionarios hubieran cobrado igual. Éste es un ejemplo claro de que el remedio es peor que la enfermedad». González añadió que Usipa «también recurrirá el auto de suspensión cautelar, a ver si es posible que entre todos consigamos un resultado positivo».
Exigencias del PP
El PP, por su parte, tachó ayer de «negligente» la actitud del Gobierno regional en este asunto, y solicitó la comparecencia en la Junta General de la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya.
Los conservadores incidieron en que el acuerdo para la carrera profesional de los funcionarios fue adoptado en plena precampaña electoral, «con una celeridad asombrosa, en contra de la mayoría de los sindicatos de funcionarios».
Viene de la página anterior
