Lisboa
Europa respiraba ayer aliviada, después de que, de madrugada, los jefes de Estado o de Gobierno reunidos en la cumbre informal de Lisboa dieran su aprobación definitiva al nuevo Tratado institucional de la UE, que llevará el nombre de la capital lusa.
El nuevo texto, que reemplaza a la nonata Constitución europea -rechazada en referéndum por Francia y Holanda en 2005- y al Tratado de Niza (2000), se firmará en Lisboa el 13 de diciembre, entrará en vigor en 2009 y debería ser el traje que precisa una Unión de 27 que, en no demasiados años, debería ser de más de treinta.
El acuerdo se consiguió después de vencer las reticencias de varios países, con Italia y Polonia a la cabeza. Polonia consiguió que el Tratado aluda al llamado «compromiso de Ioannina», que se refleja en un protocolo adjunto y sólo podrá ser modificado por consenso. Ioannina permite, en circunstancias excepcionales, suspender una decisión de la UE aunque no se tenga la minoría de bloqueo preceptiva. También obtuvo el derecho a elegir, como los otros cinco grandes socios, uno de los ocho abogados generales del Tribunal de Justicia comunitario.
En cuanto a Italia, logró 73 eurodiputados para la legislatura 2009-2014, lo que la iguala con Francia, aunque no le permite recuperar la perdida paridad con Reino Unido, que tendrá 74. En todo caso, el reparto de escaños no se plasmará por escrito hasta que la Eurocámara refrende en diciembre la nueva distribución.
El Tratado de Lisboa incluye las principales novedades institucionales de la fallida Constitución, pero elimina todos los valores simbólicos que puedan identificar a la UE con un Estado, para contentar a los países más escépticos.
En primer lugar, mejora la representación exterior de la UE con dos nuevos cargos. El presidente permanente sustituirá a las presidencias semestrales, tendrá un mandato de dos años y medio renovables y se ocupará de garantizar la cohesión y la coordinación del Consejo Europeo. Para este cargo ha sonado el ex primer ministro británico Tony Blair. También refuerza la figura del alto representante, que pasará a ser vicepresidente de la Comisión y presidirá las reuniones de jefes de la diplomacia de los Veintisiete.
La Carta de Derechos Fundamentales se convierte en jurídicamente vinculante, aunque no se aplicará en Reino Unido ni en Polonia. Asimismo, se modifican los mecanismos de toma de decisiones ya que se suprime el veto en unas 40 políticas, entre ellas la de inmigración, y se extienden las competencias de la Eurocámara.
Polonia logró aplazar hasta 2017 la entrada en vigor del reparto de poder basado en un sistema de votación por doble mayoría de un 55% de los estados (que incluya al menos a 15 países) y un 65% de la población. Aunque a partir de 2014 empezará a aplicarse formalmente la doble mayoría, Polonia podrá invocar el Tratado de Niza cada vez que le resulte más favorable para lograr una minoría de bloqueo. Asimismo, se da carta de naturaleza al ya citado «compromiso de Ioannina» para retrasar las decisiones desfavorables.
El tamaño de la Comisión Europea se reducirá en 2013 para hacerla más funcional. En lugar de un comisario por país, habrá un número equivalente a dos tercios de los estados miembros. Por primera vez se incluye además una cláusula para permitir a un Estado miembro abandonar la Unión.
El Tratado de Lisboa reconoce la personalidad jurídica de la UE y también la primacía del derecho comunitario sobre el nacional, aunque ya no en un artículo del Tratado, sino en protocolo adjunto. Se mantienen, además, los avances en energía, protección civil, salud, deporte y turismo y se añade como política prioritaria la lucha contra el cambio climático.
No obstante, el nuevo texto queda desprovisto de carácter constitucional y no sustituirá a las normas anteriores, ya que se limita a enmendar al Tratado de la UE y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que pasará a llamarse Tratado sobre el funcionamiento de la UE. Se renuncia así al ejercicio de simplificación previsto en la Constitución, que recortaba de 2.800 a 400 páginas el derecho primario comunitario.
El Tratado no menciona la palabra Constitución, no incluye ningún artículo sobre símbolos de la UE (bandera, himno o divisa) y renuncia al ministro de Exteriores. No habla de leyes europeas, sino que mantiene las denominaciones actuales: reglamento, directiva o decisión. Se trata de evitar la impresión de que la UE va camino de convertirse en un superestado, idea que provoca ampollas en muchos estados miembros.
