JAVIER MORÁN
Los asuntos preliminares a la beatificación en el Vaticano de 498 mártires españoles -de la guerra civil, principalmente- giran en torno al toma y daca entre esta ceremonia religiosa y el proceso de legislación gubernamental sobre la memoria histórica. También en torno a noticias de que uno de los beatificados fue torturador, o colaborador de torturadores, en sus tiempos filipinos.
En cuanto a lo primero, no hemos detectado hasta el presente furibundos ataques laicistas a las beatificaciones vaticanas. Sí hay opiniones diseminadas aquí y allá, algunas de las cuales vuelven sobre la circunstancia de que no suben esta vez a los altares los 16 sacerdotes vascos y navarros que tomaron partido por la República y que fueron fusilados por el Ejército nacional en 1936.
Iñaki Anasagasti, por ejemplo, denunció hace un tiempo que «la Iglesia sigue excluyendo a los curas vascos fusilados por Franco». Esta idea, que se ha repetido en los últimos días, es perfectamente respetable, pero hay un detalle esencial: nadie llega a los altares si previamente su diócesis correspondiente no incoa el proceso canónico.
Pero volvamos a que no se han percibido hasta el momento ataques de cierta dureza a las beatificaciones, aunque no sabemos lo que sucederá en los próximos días. En cambio, los mensajes que han brotado de la Iglesia española -del secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, o de su vicepresidente, el cardenal Antonio Cañizares- han insistido en que las beatificaciones no son una respuesta a la ley de la Memoria Histórica ni tienen motivación política.
Esto es evidente, principalmente porque los calendarios de la Iglesia no son de este mundo. Es decir, muchas de las causas que ahora concluyen con la beatificación fueron iniciadas hace treinta, cuarenta o cincuenta años. Calcular que su culminación iba a producirse precisamente durante la época del presidente José Luis Rodríguez Zapatero es sencillamente una ingenuidad.
Por otra parte, es bien sabido que la Iglesia nunca se ha olvidado de sus mártires. Y al decir nunca, hablamos desde los tiempos romanos hasta el presente. Otra cuestión planteable es si la multiplicación de santos y beatos acaecida en los últimos años permite sosiego al católico para decidir cuáles de ellos han de ser sus modelos de vida, pues son varios cientos las referencias acumuladas.
En cuanto al otro asunto previo a las beatificaciones, consiste éste en que el vaticanista estadounidense John Allen, corresponsal en la Santa Sede del «National Catholic Reporter», ha desvelado unos documentos según los cuales el agustino Gabino Olaso Zabala participó en sesiones de tortura aplicadas a Mariano Dacanay, un sacerdote filipino que a finales del siglo XIX pedía la salida de los españoles de la ex colonia asiática.
Si ello fuera cierto, la circunstancia no empaña las beatificaciones del día 28, sino que vendría a mostrar que una de las causas, la de este agustino, no estuvo pormenorizadamente instruida. O también podría conjeturarse que este religioso cometió pecados abominables en un momento de su vida, lo cual no impide que muriera después absolutamente persuadido de su fe en un Dios misericordioso.
Fuera del panorama de las beatificaciones, lo que ha sonado con gran energía en los últimos días fueron las declaraciones del filósofo Gustavo Bueno -al presentar su último libro, «La fe del ateo»,- acerca de que los colegios de religiosos son «colaboracionistas» con el Gobierno al impartir en sus centros la asignatura Educación para la Ciudadanía. Esta idea se la habíamos escuchado antes al cardenal Cañizares, cuando afirmó que «colaboraban con el mal» los centros de religiosos que impartieran esa materia.
Pero, ¡ojo!, no se olvide que esa misma asignatura está siendo ofrecida impolutamente en los centros educativos de las diócesis, es decir, aquellos que dependen directamente de la mitra del lugar.
¿Son entonces igualmente colaboracionistas los obispos españoles?
