Idoya RONZÓN
El comandante Gonzalo Moreno Zamora, ex «número dos» de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón, destituido la semana pasada, había denunciado ser víctima de acoso laboral por investigaciones que estaba desarrollando por posibles casos de corrupción dentro de la Benemérita; entre ellos, extorsión, cohecho y venta de ropa falsa, según consta en una queja enviada por el propio comandante a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, a la que ha tenido acceso este periódico. Moreno fue destituido por «pérdida de confianza» cuando ejercía de jefe en funciones de la Comandancia, ya que el teniente coronel Juan Bautista Martínez-Raposo disfrutaba de un permiso.
Gonzalo Moreno centra su queja en «el trato» recibido desde el mes de agosto por parte de su inmediato superior, Martínez-Raposo, y por el coronel Alfonso Santos Ferreiro, jefe de la Guardia Civil en Asturias. Todo ello, asegura, «en relación con las informaciones que en cumplimiento de mi deber les transmití sobre posibles casos de corrupción», en los que supuestamente estaban implicados otros guardias civiles. El comandante transmitió el acoso que posiblemente estaba sufriendo al propio Santos, explica, «sin resultado alguno».
Los supuestos casos de corrupción a los que se refiere el comandante le fueron transmitidos a Martínez-Raposo en «sucesivos escritos» a partir del pasado 16 de agosto, según se refleja en el documento enviado a Madrid. En estos escritos, Gonzalo Moreno detallaba el resultado de una actuación policial realizada el 4 de agosto. En esta fecha, relata, fue detenida la viuda de un guardia civil de su unidad por un supuesto delito contra la propiedad intelectual (en concreto, venta de ropa de marcas falsas). Este asunto se encuentra actualmente en fase de investigación en el Juzgado de instrucción número 3 de Gijón y, según la queja elevada por el comandante, «recibió la felicitación del director general de la Policía y la Guardia Civil», Joan Mesquida.
El guardia civil fallecido -cuya viuda fue arrestada- era, asimismo, investigado por el departamento de asuntos internos de la Benemérita y por el Juzgado de instrucción número 1 de Gijón «por un supuesto delito de extorsión y cohecho», añade el documento. Los escritos trasladados por Moreno a Martínez-Raposo incluían, además, «posibles casos de corrupción de otros miembros de la Comandancia».
Para esclarecer el contenido de los escritos enviados por el comandante a Martínez-Raposo se ordenó la apertura de tres investigaciones -su nombre técnico es «Informaciones Reservadas»- «por si la conducta fuera merecedora de responsabilidad disciplinaria o de cualquier otra índole». Una de esas investigaciones fue encargada como instructor al propio Moreno.
Éste, «teniendo en cuenta lo sensible de las informaciones, que apuntaban a la existencia de graves responsabilidades por parte de miembros del Cuerpo», consideró «imprescindible», «para evitar caer en apreciaciones subjetivas», el apoyo del área de asuntos internos. Para obtener esta ayuda, apunta el documento, lo solicitó por escrito a su inmediato superior el 4 de septiembre.
«Incredulidad» del coronel
Este apoyo de asuntos internos -que no fue aprobado ni rechazado expresamente- nunca llegó, siempre según las mismas fuentes. Así, mientras esperaba, el comandante inició «las investigaciones que consideré oportunas», tomando declaración a guardias civiles «conocedores de los hechos y de las informaciones» que se habían recibido en la Comandancia. «El contenido de parte de estas declaraciones -se queja el comandante en el escrito remitido a Madrid- se las proporcioné al coronel Alfonso Santos por si eran útiles» para las otras dos investigaciones abiertas, «y ante la incredulidad que me manifestaba sobre las novedades» que le transmitía.
La queja presentada por el comandante Moreno está fechada el pasado miércoles y en ella especifica que -hasta esa fecha- no ha recibido la notificación oficial de su destitución. El mando sostiene que envió el documento a Madrid «en defensa de mi buen nombre y conducta profesional, y el de mis subordinados», y adjunta las declaraciones a seis guardias civiles y dos sargentos sobre los supuestos casos de corrupción que investigaba.
