El castigo «rápido» se estrena con polémica

Teresa CEMBRANOS
Luz Santa Catalina se ha convertido en la primera estudiante asturiana expulsada de un centro educativo tras la implantación del nuevo decreto que regula los derechos y deberes del alumnado y que da más poder de sanción a los directores. La joven, de 18 años, alumna del Instituto Menéndez Pidal, fue una de las convocantes de una sentada en el centro para protestar por «el mal estado» de las dependencias educativas y por la falta de material. El centro la sanciona por convocar este acto de protesta sin seguir los trámites debidos y, además, por haber insultado, supuestamente, a la directora.

«Es mentira que insulté a la directora. Decidió echarme cinco días sin pasar por el Consejo Escolar. Entonces, exigimos una reunión del Consejo, que se realizó al día siguiente, sin comunicármelo y sin considerar mis alegaciones. De todos modos, aún no me han comunicado formalmente si me expulsan o no; yo sigo yendo a clase», aseguró ayer Santa Catalina, la primera afectada en Asturias por un «castigo express» que se estrena con polémica en las aulas.

La dirección del Menéndez Pidal, por su parte, explica que el centro se limitó a cumplir «la normativa». «El Consejo Escolar ratificó la sanción por mayoría, y yo me abstuve en la votación», explicó Rosa García, directora del centro. El consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, por su parte, desvinculó la expulsión de la joven de la aplicación del nuevo decreto. «No tiene ningún sentido. Este caso no supone una novedad, ya que las expulsiones por indisciplina se producen desde siempre», dijo.

Y es que ahora los equipos directivos, con el nuevo decreto, podrán sancionar a los alumnos que incumplan las normas de convivencia sin necesidad de trasladar el expediente a la Consejería de Educación, como pasaba hasta ahora. Ésa fue una de las razones del Sindicato de Estudiantes (SE) para convocar ayer una huelga en los institutos de la ciudad, que tuvo su punto culminante con una concentración frente al Ayuntamiento de Avilés. Ésta tuvo una incidencia mínima, según los centros, y una afluencia mayoritaria según el sindicato, que cuenta con el apoyo de SUATEA y CC OO. Beatriz García, representante de la sección, explicó que el sindicato ve «ilegal» ese decreto, entre otras cosas porque hace «imposible» convocar una huelga.

El Sindicato de Estudiantes, denunció, además, que dos centros de la ciudad, el Juan Antonio Suanzes y el Carreño Miranda, habían impedido a sus alumnos salir a la calle a manifestarse. «El director del Carreño Miranda se puso en la puerta para impedir que los alumnos salieran. Tuvo que ir la Policía Local, que nos dio la razón», dijeron responsables del SE, que ya han anunciado una denuncia contra el centro. En el Suanzes, según el sindicato, los profesores cerraron la puerta para que no saliera nadie. Desde los centros se justifica la actuación asegurando que la huelga fue «ilegal», ya que el sindicato no siguió los trámites necesarios para organizarla. «Si a un chico le pasa algo, los responsables somos nosotros. El sindicato tiene que acatar la norma y pedir formalmente la convocatoria de una movilización con diez días de antelación por lo menos», explicó José Castro, director del Carreño.