Oviedo, Pablo ÁLVAREZ
Estaba previsto que a estas alturas operaran sobre el terreno unos 600 trabajadores y la realidad dice que sólo están haciéndolo alrededor de un centenar. Éste es el panorama de las obras del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) como consecuencia del tira y afloja que mantienen las empresas constructoras y el Principado en torno a los sobrecostes derivados de las modificaciones introducidas en el proyecto inicial.
Según ha podido saber este periódico, el Gobierno regional sólo está dispuesto a ofertar un 20 por ciento de aumento sobre los 205,3 millones de euros en los que se adjudicaron las obras (o sea, en torno a 40 millones de euros). La exigencia de las empresas es notablemente superior, de un 30 por ciento según unas fuentes y de un 50 por ciento según otras (en números redondos, entre 60 y 100 millones más). El coste de licitación de las actuaciones se había fijado en casi 267 millones de euros.
La ralentización de las obras es consecuencia de las tensiones que desveló LA NUEVA ESPAÑA el pasado 5 de junio. En aquella ocasión se subrayaba que todas las vicisitudes que gravitan sobre el gran proyecto sanitario de la región han de ser analizadas con la vista puesta en un paradigma que los expertos del sector sostienen con tozudez: construir un hospital implica un gasto equivalente al coste anual del funcionamiento de un hospital de similares características. En este caso, la referencia ineludible son los costes del actual Hospital Central, ubicado en el Cristo: el presupuesto del Central para 2007 asciende a 351 millones de euros (y cada año se incrementa).
En el caso del hospital que se levanta en La Cadellada, al coste de la construcción habría que sumarle el del equipamiento, que difícilmente bajará de los 60 millones. En las obras de ampliación de El Musel de Gijón se acaba de estimar un sobrecoste del 40 por ciento sobre los 580 millones en que fueron adjudicadas.
Los desencuentros entre la unión de empresas que integran Sacyr, San José y Sánchez y Lago, por un lado, y Gispasa -entidad creada por el Principado para impulsar el proyecto-, por otro, vienen alimentándose desde hace varios meses, pero en las últimas semanas han tenido una repercusión directa en la marcha de las obras. Las cifras son elocuentes: las previsiones efectuadas por la UTE al inicio de las actuaciones indicaban que a lo largo de 2007 estarían trabajando en las obras 549 operarios en el primer trimestre, 688 en el segundo y 593 en el tercero. Un simple vistazo a las obras del monumental edificio evidencia que la realidad está muy alejada de estos pronósticos.
Fuentes de Gispasa admitieron ayer que en los últimos tiempos están operando sobre el terreno en torno a un centenar de trabajadores. Las mismas fuentes trataron de restar importancia a este desfase. «El movimiento de tierras y la construcción de la estructura han finalizado incluso con adelanto sobre lo previsto y ahora se va a poner en marcha una fase nueva, la de instalaciones, que es mucho menos visible», argumentaron.
Los responsables de Gispasa enfatizaron que, a día de hoy, «ni las empresas ni nosotros consideramos la posibilidad de modificaciones en los plazos previstos», un modo de decir que consideran recuperables los retrasos registrados hasta el momento. El plazo otorgado a la UTE concluye en diciembre de 2009 y el Ejecutivo quiere abrir el hospital en 2010 (a mediados de 2011 se celebrarán elecciones autonómicas).
Lo que sí reconoce la Administración es que existen diferencias significativas con las constructoras en torno a la cuantificación económica de las modificaciones del proyecto. Los dirigentes de Gispasa decidieron ampliar las superficies dedicadas a atención ambulatoria, urgencias y docencia, medida que incrementa en unos 12.000 metros cuadrados la superficie construida, hasta frisar los 190.000. Además, se admite que algunas instalaciones experimentarán un encarecimiento sustancial.
El Ejecutivo autonómico no ha hecho público el coste de estos cambios, pero todo apunta a que la cifra que va a poner sobre la mesa no rebasará el 20 por ciento de la cuantía de la adjudicación. Aunque ya se han producido algunos encuentros al máximo nivel entre el Gobierno y los responsables de las empresas que forman la UTE, en los próximos días tendrá lugar una nueva reunión en la que ambas partes tratarán de alcanzar un acuerdo.
