Oviedo, J. L. S.
De cada cien euros que se pagan por una vivienda, 17 van destinados a pagar impuestos. Para los promotores las tasas son similares, ya que el 21,64 del coste de la vivienda para ellos lo constituyen las diferentes tasas. Así lo refleja un estudio realizado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Para esta agrupación, uno de los pasos que se tienen que dar para abaratar el coste de las viviendas es «revisar» el gravamen de actos jurídicos documentados, escrituras, actas o testimonios notariales. Los expertos aseguran que dicha tasa se llega a pagar hasta siete veces en una misma promoción inmobiliaria, y supone la mitad de la fiscalidad.
Precisamente, una de las principales razones que dan los promotores para justificar el elevado precio de los pisos son unos altos impuestos y el coste del suelo. Para el REAF el mercado de la vivienda en España tiene «tres problemas básicos»: Precios caros, debido a los impuestos, una demanda que aplaza cualquier decisión de compra y poca oferta de alquiler.
En esta cadena de impuestos influyen todas las administraciones, desde los ayuntamientos a los gobiernos autonómicos y el central. Además, el desarrollo urbanístico se ha convertido en un elemento de financiación muy importante para las administraciones. Los responsables de la REAF critican: «No parece razonable que el tipo impositivo se haya incrementado en un cien por cien en la mayoría de las comunidades autónomas», en alusión al tributo de actos jurídicos documentados. Asturias es una de las regiones que subió ese tipo en 2003.
La asociación hizo un llamamiento a los gobiernos regionales para que «dejen de subir el tipo de gravamen de actos jurídicos documentados, cuando se renuncia a la exención de IVA en una transmisión inmobiliaria». Estos expertos también ven en el IVA otro frente fiscal que es necesario rebajar.
Asimismo, el REAF considera que podría suprimirse una de las dos tasas que se pagan en algunos municipios para conseguir la licencia de obra, o que al menos se permitiese la deducción de uno de esos impuestos en el pago del otro, una posibilidad que está recogida en la ley de Haciendas Locales, pero que según los expertos «casi ningún Ayuntamiento cumple».
Con el objetivo de incentivar el alquiler, los economistas proponen que se aplique un tipo reducido del cuatro por ciento, en lugar del siete actual, a todas las adquisiciones de vivienda cuando su propietario vaya a alquilarla. En este sentido, consideran que sería razonable que se estudiara la regulación en España de los REIT (Real Estate Investment Trust), sociedades cotizadas que canalizan ahorro, promueven el alquiler y cuentan con ventajas fiscales, ya que servirían para atraer capitales al sector e incrementar el parque de vivienda en alquiler. Pese a todo el organismo reconoce que se ha mejorado mucho la fiscalidad de los arrendadores. Entre sus propuestas, la REAF incluye la revisión de los requisitos exigidos para que una obra sea calificada como rehabilitación y pueda tributar al 7 por ciento.
