R. FRANCÉS
Roberto Sánchez Ramos aseguró que de la situación abierta por la reclamación de una nueva tasación del solar de «Villa Magdalena» «se pueden sustraer responsabilidades patrimoniales de todos los concejales que conocieran el asunto y no hubieran hecho nada para evitarlo».
Sánchez Ramos ofreció también una lectura en clave política al asegurar que «esto resuelve en parte el enigma que hay en la ciudad de por qué el alcalde, Gabino de Lorenzo, nunca vota los presupuestos municipales, ya que sin su voto no hay constancia de su responsabilidad patrimonial en el asunto». Y añadió: «De Lorenzo tendrá responsabilidad política, pero igual no tiene responsabilidad patrimonial, lo cual demuestra que está bien asesorado».
Larga historia
«Villa María Magdalena», el palacete de la avenida de Galicia, tiene tras de sí una larga historia. El chalé nació como «Villa Julia» en 1902, de mano del arquitecto Juan Miguel de la Guardia, por encargo del comerciante de ultramarinos Victoriano G. Campomanes. La casa se vendió a un industrial que se arruinó y salió a subasta en los años veinte. La adquirió Alfredo Figaredo Herrero, casado con María Magdalena Argüelles. Así cambió de nombre. A principios de los años noventa, María Magdalena Argüelles, ya anciana, continuaba viviendo en la mansión, cuya propiedad cede a una sociedad de la familia Figaredo a cambio de una renta vitalicia. Pocos meses después falleció sin testar. La finca ya era de Proina, sociedad con la que Miguel Ángel Menéndez del Fueyo firmó un alquiler con opción a compra. En enero de 1995, el grupo de Del Fueyo planteó un convenio urbanístico para que el Ayuntamiento obtuviese el palacete, con objeto de hacer en él la residencia del Príncipe Felipe en la ciudad. El convenio se planteaba a tres bandas: el Ayuntamiento permitiría edificar a Del Fueyo en una parcela del cercano Club de Tenis a cambio del palacete.
El club recibiría una parte de los jardines de la mansión. El convenio, en medio de una gran polémica política, fracasó. Y se iniciaron los trámites de la expropiación. Un segundo convenio -para edificar un edificio en el jardín- también fracasó. La finca se rehabilitó y abrió al público, y la expropiación se enredó en juicios.
