Oviedo, L. Á. VEGA
El caso de Mari Luz Cortés, la niña onubense de 5 años supuestamente asesinada por el pederasta Santiago del Valle García, marcará un antes y un después. La ola de indignación que se ha levantado al saberse que el presunto homicida tenía pendientes dos condenas por abusos -a su propia hija, de 5 años, y a otra menor- y que hay siete causas abiertas contra él, entre ellas una por acosar a una niña gijonesa de 13 años, es muy similar a la que en su día despertó el asesinato de Ana Orantes, la mujer quemada por su marido, que precedió a un endurecimiento de la legislación contra el maltrato.
Gran parte de lo ocurrido se explica por la escandalosa descoordinación entre órganos judiciales, e incluso entre jueces y Policía. «No puede ser que un juez no pueda conocer las causas pendientes o condenas de alguien con sólo hacer un clic en el ordenador», se lamentó Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.
El foco se ha puesto sobre el juez Rafael Tirado, titular del Juzgado de lo penal número 1 de Sevilla, que condenó en 2002 a Santiago del Valle a la pena de 2 años y 9 meses, una pena que debería estar cumpliendo desde 2006. Del Valle -que es esquizofrénico, pero no tonto- recurrió la condena y puso tierra de por medio. La Audiencia de Sevilla no ratificó el fallo hasta 2005, es decir, tres años después de la condena. Al conocer el rechazo del recurso, el juez Tirado ordenó, en enero de 2006, el ingreso en prisión, una decisión que recurrió el abogado, pero que el magistrado ratificó en marzo. Para entonces, Del Valle había huido a Gijón.
Baja sin cubrir
Tirado giró una orden de averiguación de paradero a la Policía judicial, pero ésta no se comunicó a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. El juez se ha escudado en el hecho de que la funcionaria que tramitaba las ejecuciones de sentencia estuvo de baja cinco meses, y en que ésta no fue sustituida por la Junta de Andalucía. Pero es que el panorama no hubiese cambiado mucho en caso de cubrir la baja.
En diciembre de 2004, Del Valle fue condenado a dos años por abusar de otra menor, una niña de 9 años a la que besó y manoseó en la escalera de su casa. En cumplimiento de la ley, este último juez acordó la suspensión de la condena, al carecer Del Valle antecedentes firmes. En esa época, el recurso a su primera sentencia dormía el sueño de los justos en la Audiencia de Sevilla.
Hasta octubre de 2007 -año y medio después de dictar la orden de averiguación-, el Juzgado de Tirado no comunicó a la fiscalía que estaba en paradero desconocido. La fiscalía debería haber pedido entonces la orden de detención del pederasta en un plazo razonable. Pero ésta no se remitió al Juzgado hasta el 19 de marzo -medio año después-, sólo unos días antes de hallarse el cadáver de Mari Luz. La orden de busca y captura no se envió jamás a la Policía.
Mientras el proceso para meter en la cárcel a Del Valle se eternizaba, el pederasta continuaba actuando, quizá convencido de que jamás pisaría la cárcel. En diciembre de 2006, Del Valle fue detenido por tocamientos a una menor en Sevilla. El juez ordenó que se presentase cada 15 días, algo que cumplió a rajatabla, incluso cuando se mudó a Cuenca tras el crimen. Tirado no lo supo. Pero tampoco el magistrado que ordenó estas últimas medidas cautelares conocía del historial del paidófilo. De saberlo, quizá le hubiese mandando a prisión.
Un mes antes, el 3 noviembre de 2006, Santiago del Valle había sido detenido tras acosar durante seis meses a la niña gijonesa Ana G. Pasó una noche en los calabozos y luego quedó en libertad, aunque con una orden de alejamiento. Tampoco este juez tuvo en cuenta los antecedentes del presunto homicida. Hubo que esperar hasta abril de 2007 para que fuese detenido por orden de otro Juzgado de Gijón, pero en relación a una estafa.
Demasiados errores judiciales. Aunque, como señaló el decano de los Juzgados sevillanos, puede ocurrir otra vez.
