M. SUÁREZ
La necesidad de vivienda asequible ha llegado al extremo de propiciar «escenas de república bananera». Así es como describen quienes estuvieron allí la situación desatada el pasado lunes en una acreditada constructora de la ciudad. La empresa agotó en cuestión de horas la partida de 45 pisos de protección autonómica que ese día ponía oficialmente a la venta. La cola que se formó en sus oficinas «fue algo desesperante», contaban sufridores aspirantes.
A las siete de la madrugada ya había en la calle entre cuarenta y cincuenta personas esperando a que la promotora abriese al público. Muchos ni llegaron a tener la oportunidad de sentarse a revisar los planos. Los pisos, todavía en fase de obras, se encuentran situados en el número 44 de la calle Velázquez, uno de los pocos solares del barrio de Montevil que permanecían sin edificar.
En el entorno, el precio de la vivienda se ha disparado por encima de los 220.000 euros. En una promoción como ésta (autonómica), un piso de tres habitaciones con trastero y plaza de garaje no llega a los 140.000 euros. Al estar sujetos al régimen de protección autonómica, el metro cuadrado construido viene tasado por el Gobierno autonómico, que, aparte, subvenciona el acceso a este tipo de inmuebles, condicionados siempre por el nivel de ingresos de los solicitantes.
Las viviendas de protección autonómica están reguladas por ley, aunque son las empresas promotoras las que se encargan de su comercialización y de canalizar los trámites exigidos desde la Administración regional. Algunas constructoras ni siquiera llegan a publicitarlas. Los responsables de Vivienda del Ayuntamiento gijonés abogan por incluir algunos cambios en el sistema para que «todos se enteren de dónde se ofertan pisos de protección autonómica y exista una verdadera igualdad de oportunidades».
La Empresa Municipal de Vivienda ya se ha puesto en contacto con algunas empresas del sector para ofrecerse a gestionar estos desarrollos residenciales y hacer la entrega de los pisos mediante sorteo público. No todos los constructores se avienen. En el caso de la calle Velázquez, «lo propusimos, dijeron que lo estudiarían y no volvimos a saber más».
