R.V.
R. VALLE
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Gijón, con su informe favorable a la ponencia de valores de la Dirección General del Catastro, dio ayer luz verde al inicio del proceso de actualización del catastro tras más de una década de vigencia de los actuales valores. La actualización entrará en vigor el uno de enero de 2009, se aplicará de manera escalonada en los próximos diez años y tendrá una incidencia directa en algunos de los más importantes impuestos que los gijoneses pagan al Estado, al Principado y al Ayuntamiento de Gijón como es el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). También se verán afectados el impuesto de transmisiones y la plusvalía. Los nuevos valores tendrán una vigencia mínima de diez años. Esta revisión del catastro llega a los gijoneses en un momento de crisis económica a nivel nacional y cuando se está desarrollando un importante ajuste del mercado inmobiliario.
La intención del proceso es aproximar el valor catastral de los inmuebles y solares gijoneses, fijado por última vez en el año 1997, a su valor real en el mercado del año 2008. Por ello, y según datos facilitados por el edil de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, Santiago Martínez, la revisión supondrá, como mínimo, multiplicar por 2,2 los valores actuales. Las estadísticas manejadas por el Catastro establecen que ahora mismo los valores en Gijón equivalen a un 18% del valor de mercado y la intención es elevar ese porcentaje hasta un 40%. El valor medio de una unidad catastral en Gijón es de 38.800 euros. «Muy alejado de los valores de mercado», sentenció Martínez Argüelles, quien también quiso dejar claro que los desajustes entre los valores catastrales y las realidades del mercado generan desigualdades en los contribuyentes que es necesario limar. «Los valores no han evolucionado estos años de manera homogénea y simultánea en todo el municipio y hay que buscar unas tributaciones más ajustadas a los valores reales», explicaba ayer el edil de Hacienda en nombre del gobierno local.
Gijón se suma de esta manera al listado de más de 400 municipios de toda España que se han puesto manos a la obra para actualizar su catastro. Aún más, en Gijón coinciden a un tiempo tres de las premisas que establece la ley para imponer ese proceso de renovación: que hayan transcurrido más de diez años desde la última actualización, que se haya realizado una adaptación del Plan General de Ordenación Urbana y que se hayan detectado cambios significativos en el mercado inmobiliario. «Estamos ante un proceso normal y regulado por ley», explicó Martínez Argüelles quien quiso dejar bien claro que la responsabilidad del proceso depende del Catastro y no de los ayuntamientos. Vegadeo, Nava o Piloña son otros de los municipios asturianos donde también se trabaja en la actualización catastral. Más allá de las fronteras asturianas han iniciado el camino ciudades tan dispares como Málaga, Soria o Alcalá de Henares.
Uno de los cambios sustanciales con respecto al proceso catastral que se desarrolló en 1997 tienen que ver con una renovación total de las zonas en que se divide Gijón a efectos del catastro. No sólo se han incorporado los nuevos desarrollos residenciales que han visto la luz en la última década sino que, dentro de los propios barrios o distritos, se realizan divisiones distintas a las existentes porque «no es lo mismo la evolución de la Tejerona que de Ceares Alto. Ni todas las zonas de La Calzada o del propio centro han crecido igual. En todos los sitios hay islas», ejemplificaba Santiago Martínez Argüelles. La nueva ordenación divide Gijón en más de 80 zonas a efectos catastrales, a las que se sumarán otras porque el propio Ayuntamiento de Gijón ha incorporado como sugerencia al Catastro que incluya las zonas de la Zalia, Porceyo o el Alto Infanzón donde ahora mismo se están culminando desarrollos urbanísticos que estarán completados en el año 2009 cuando se haga efectiva la aplicación catastral.
Una segunda sugerencia del Ayuntamiento al Catastro es que, en el caso de los núcleos rurales, se tenga en cuenta la edificabilidad del terreno y no su superficie «porque el aprovechamiento urbanístico puede ser el mismo aunque la finca sea de dos mil o tres mil metros», matizó el edil de Hacienda. Martínez evitó hacer conjeturas numéricas sobre el coste para los vecinos y los beneficios para el Ayuntamiento de esta actualización catastral pero pidió a los gijoneses «tranquilidad. El compromiso del Ayuntamiento es mantener su política de moderación fiscal». De hecho, y aunque la revisión se hace efectiva a uno de enero del año 2009 el proceso de su aplicación de prolongará durante diez años a un ritmo del 10% anual.
«Hoy empezamos un camino que durará algún tiempo». Santiago Martínez, edil de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, daba con esta frase el pistoletazo de salida al proceso de actualización del catastro en Gijón. El primero desde el año 1997. Un camino que tiene por delante un recorrido mínimo de diez años pero con fechas destacadas en su calendario a muy corto plazo.
Tras el informe favorable del Ayuntamiento de Gijón la previsión es que este mismo viernes la Dirección General del Catastro publique su ponencia de valores catastrales para 2009 en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. A partir de ese momento se abre un periodo de alegaciones de unos diez días pero sólo para matizar los elementos que se establecen en esa ponencia. Es decir, la nueva división del municipio en polígonos catastrales y los criterios a seguir en cuanto a la valoración de los gastos, beneficios, antigüedad del inmueble y características constructivas.
Solventado este trámite los expertos del catastro desarrollarán la labor de actualización de todas las unidades y comunicarán personalmente su nuevo valor a los propietarios. Este proceso debe estar terminado a finales de octubre o principios de noviembre para facilitar que todos los afectados puedan alegar a la nueva valoración de sus propiedades.
La valoración actualizada será efectiva el uno de enero del año que viene aunque su aplicación se prolongará durante diez años de manera escalonada para limitar el impacto en el pago de los impuestos. El prorrateo será de un diez por ciento anual. Hay que tener en cuenta que, ahora mismo, las actualizaciones se hacen entorno al Índice de Precios del Consumo (IPC) del ejercicio en curso.
El proceso dejará indiferentes a bien pocos gijoneses si se tiene en cuenta que, según las últimas estadísticas que manejan los responsables municipales, en la ciudad hay 204.000 inmuebles registrados en el catastro. Y desde luego no deja indiferente al Ayuntamiento que tiene en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) una de sus vías más importantes de financiación directa. De hecho, en el capitulo de estado de ingresos del actual presupuesto del Ayuntamiento de Gijón la contribución, tanto de bienes inmuebles de naturaleza rústica como urbana, supone la garantía de ingreso en las arcas municipales de 44 millones de euros de los casi 80 millones que están presupuestados en el capítulo de impuestos directos. La denominada plusvalía supone, por su parte, unos ingresos de 9 millones de euros.
