R. VALLE
Paz Fernández Felgueroso aseguró ayer que su gobierno tiene previsto emplear todas las medidas correctoras a su alcance para limitar la incidencia directa que, sobre el bolsillo de los ciudadanos, tenga el proceso de revisión catastral que acaba de arrancar en la ciudad y que será efectivo el uno de enero del año 2009. «Vamos a utilizar instrumentos para que la repercusión no sea abusiva pero, para empezar, niego que se trate de un catastrazo», aseguró ayer la alcaldesa, quien matizó que no ha sido el Ayuntamiento de Gijón el responsable de la elección del momento de esta actualización que, como mínimo y como media, duplicará el actual valor catastral de las propiedades inmobiliarias de los gijoneses. «Tocaba», sentenció Felgueroso. Y es que en Gijón han coincidido en el tiempo tres de las premisas que la ley observa como obligatorias para actualizar el Catastro: la superación de una década desde la última actualización, la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana y la apreciación de cambios significativos en el mercado inmobiliario local. Ahora mismo, hay un gran desajuste entre los valores catastrales y los de mercado.
De hecho, en Gijón el valor catastral equivale a un 18% del valor de mercado y la intención es elevar esa cifra hasta el 40%. «Ahora mismo estamos en lo más bajo de la tabla y tenemos que colocarnos un poco más altos, pero no queremos estar los primeros», explicó Felgueroso para mostrar la moderación del proceso que se intenta desarrollar en Gijón. Esa moderación de la subida y el compromiso de aplicar elementos de corrección son las claves, para la Alcaldesa, que justifican que Gijón no se enfrenta a un «catastrazo».
Esas medidas correctoras tienen mucho que ver con la repercusión que el incremento del valor catastral de sus propiedades tendrá sobre el pago de los gijoneses al Ayuntamiento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
El Ayuntamiento tiene claro que la actualización se aplicará de manera escalonada a lo largo de los próximos diez años, en porcentajes del 10 por ciento anual, pero que también se pueden establecer otras medidas de corrección, tanto de carácter general como específico. Desde la Junta de Gobierno, donde tienen cabida PSOE e IU, no se descarta establecer procesos de fraccionamiento del pago de la contribución.
La revisión catastral también tiene incidencia de otros tributos que los vecinos pagan a las administraciones central, autonómica y municipal como el IRPF o el impuesto de transmisiones. Santiago Martínez Argüelles, edil de Hacienda del Ayuntamiento, mantiene que en estos casos tampoco se desbocarán los pagos de los gijoneses, ya que estas administraciones ya estaban aplicando de manera automática factores de corrección para compensar el desajuste entre los valores catastrales y de mercado.
La última revisión catastral en el municipio de Gijón está fechada en 1997. Ello supone que, a día de hoy, el valor catastral suponga un 18% del valor real del mercado. Los responsables de la actualización quieren llevar al 40%, lo que supone que, como mínimo y en la mayor parte de los casos, se dupliquen las cifras
Repercusión en impuestos
La nueva valoración tendrá una repercusión directa en el pago del IBI al Ayuntamiento. En este caso el gobierno local plantea una incorporación gradual a lo largo de diez años y se compromete a desarrollar otras medidas correctoras a su alcance para limitar el impacto del nuevo valor, que se hace efectivo a uno de enero de 2009. El valor catastral también se vincula a otros impuestos como el de la renta, plusvalía o transmisiones.
