M. SUÁREZ
Los gijoneses se han echado a temblar. El Ayuntamiento anuncia una revisión catastral y esta medida tendrá su efecto sobre algunos de los impuestos que más duelen al bolsillo. Pero Anselmo Menéndez, el arquitecto que redactó los valores que ahora están en vigor, asegura por propia experiencia que «la trascendencia no será tan grave». Siempre y cuando, eso sí, «la Administración aplique los mecanismos que le proporciona la ley para corregir aquellos tipos impositivos que se fijan en función del catastro», matiza.
La ley obliga a adaptar los valores catastrales a la nueva realidad del mercado inmobiliario. Que ese trámite se convierta o no en «catastrazo» ya es otra cuestión. Anselmo Menéndez, que tras cinco años en la Delegación de Hacienda de Gijón se trasladó a Madrid para asesorar al director general de Catastro, ayuda a comprender el porqué de esta actualización y sus repercusiones ciudadanas:
l El primer paso. Redactar la ponencia con los valores catrastrales concretos del municipio, trabajo que corresponde al arquitecto jefe del Catastro de Gijón -en este caso, María José González del Real-, dependiente del Ministerio de Hacienda. Será el documento marco de la actualización que está preparando el equipo de gobierno de Paz Fernández Felgueroso. La previsión es que dicha ponencia salga hoy mismo publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, iniciándose así el correspondiente periodo de información pública.
l ¿En qué consiste la actualización? «En coger y borrar todo lo anterior», resume Menéndez, «para poner los valores catrastrales al 50 por ciento del valor del mercado». Ese es el porcentaje que establece la legislación estatal, aunque el Ayuntamiento gijonés anuncia una equivalencia del 40 por ciento. «Es lógico. Cuando se trata de valoraciones masivas como ésta, lo prudente es dejar un margen para no pasarse», apunta el arquitecto gijonés. Actualmente, los valores catastrales en el concejo representan un 18 por ciento del valor del mercado.
l Los motivos. La ley exige revisar el catastro cada diez años y también cuando se han producido cambios significativos en el mercado inmobiliario o se ha llevado a cabo una adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En el caso de Gijón, se dan las tres circunstancias. Esta actualización, por tanto, es obligatoria «sí o sí».
l Su trascendencia fiscal. Repercutirá en el impuesto de la renta, patrimonio o transmisiones, en el pago de plusvalías o expropiaciones... Y en la factura de la contribución, que «es lo que afecta realmente a todo el mundo». El llamado Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se paga en función del valor catastral. Queda a voluntad del Ayuntamiento si corrige o no este tipo impositivo para evitar descalabros económicos. En 1997, lo hizo. «Entonces, Gijón actuó de una forma muy racional y contuvo el IBI para que la facturas no se disparasen», recuerda Menéndez. En Oviedo, sin embargo, «De Lorenzo formó un revuelto tremendo al subir no sé cuánto la contribución coincidiendo con la revisión catastral, que en su caso se produjo un año antes». La Ley contempla «mecanismos suficientes» para que las economías domésticas no se resientan en exceso. Depende del coste político que cada ayuntamiento esté dispuesto a asumir.
l Subida escalonada. En cualquier caso, «no hay que asustarse», tranquiliza Menéndez, porque los nuevos valores se aplicarán de forma gradual en los próximos diez años, a partir del 1 de enero de 2009. Lo que significa que «la base imponible de un impuesto como el IBI no va a ser la del nuevo valor catastral, sino que irá incrementándose poco a poco en función de la diferencia que va existiendo entre los viejos valores y los actualizados».
l La evolución desde 1997. Los valores redactados por Anselmo Menéndez hace una década se han ido modificando anualmente, con la aplicación de coeficientes que venían fijados por los sucesivos Presupuestos Generales del Estado. Pero «por mucho coeficiente que se haya aplicado», precisa el autor de la última revisión catastral, «el mercado inmobiliario creció mucho más». Lo que ha generado «un desfase» entre los valores catastrales vigentes y los de mercado. «Fijar unos nuevos valores catastrales está justificado por ley y, además, resulta conveniente», opina Menéndez. Con el boom inmobiliario de los últimos años, el Catastro ha pasado de unas 120.000 unidades a 204.000. La expansión de Viesques, Ceares, Nuevo Gijón y El Cerillero o la creación de nuevos barrios como Montevil y Poniente han sido determinantes en este incremento.
l Alegaciones. La Administración está obligada a notificar individualmente cada valor antes de la aprobación definitiva de la ponencia que ha elaborado González del Real. A partir de ese momento, los ciudadanos tendrán opción de alegar ante la Delegación de Hacienda. En la última revisión, Anselmo Menéndez tuvo que atender «entre 7.000 y 8.000 quejas». Al final, «la revisión se notó, pero su trascendencia no fue tan grave».
