David ORIHUELA
La sentencia de la juez María de los Ángeles Andrés Vega, del Juzgado de lo social número 3 de Oviedo, en la denuncia de María José Castañón, bibliotecaria de Trubia, contra el Ayuntamiento y la empresa Servicios Culturales Algama, S. L., no deja lugar a dudas. La juez declara el despido nulo y ordena la readmisión de la demandante como trabajadora por tiempo indefinido, no fija de plantilla.
La sentencia va más allá y cuestiona la decisión del Ayuntamiento de no prorrogar el contrato con Algama para la gestión de las bibliotecas, lo que originó el despido de 13 trabajadores y 12 demandas posteriores. El que ayer se conoció es el resultado del primero de los 12 juicios, los restantes están fechados para el próximo mes de julio. En opinión de la magistrada, existe «lesión del derecho fundamental del trabajador, dado que el Ayuntamiento de Oviedo no ha sido capaz de convencer al Juzgado de instancia de que la no renovación contractual se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso incluso sin las reclamaciones de los trabajadores bibliotecarios sobre cesión ilegal, es más, en esos informes -los que presentó el Ayuntamiento para reorganizar las bibliotecas- de lo que se habla en realidad es de adscribir a un solo bibliotecario por cada dos bibliotecas para racionalizar costes y optimizar los recursos humanos, no probándose que la nueva oferta de licitación vaya por tales derroteros». Es decir, la juez no atiende las razones del Ayuntamiento para no prorrogar el contrato.
Al tratarse de despido nulo no cabe la posibilidad de que el Ayuntamiento opte por no readmitir a la trabajadora y pagarle una indemnización, es más, dicta la readmisión y el pago de una indemnización de 3.077 euros, a razón de 39 euros diarios desde el despido hasta la notificación de la sentencia. Además, el Ayuntamiento deberá abonar los salarios hasta que la demandante vuelva a su puesto de trabajo. La trabajadora deberá pasar a formar parte de la plantilla municipal con la categoría profesional de «ayudante de biblioteca» y con antigüedad de 2 de enero de 2002, fecha en la que empezó a trabajar para la empresa Servicios Culturales Algama, S. L.
El Ayuntamiento y la empresa tienen un plazo de cinco días hábiles para presentar recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
La sentencia recibió ayer los aplausos de los dos grupos de la oposición municipal, PSOE y ASCIZ, y el silencio del equipo de gobierno. La concejala de Educación, Conchita García, responsable de la red de bibliotecas, se limitó a decir que «es un problema de personal».
Manuel Ángel Rodríguez, concejal socialista, calificó ayer la sentencia como «uno de los varapalos judiciales más importantes que ha sufrido el Ayuntamiento», ya que, en su opinión, «la nulidad de un despido es lo más grave que se puede dictaminar en un juicio laboral». El edil de la oposición destacó, además, la importancia del análisis que la juez hace de la reordenación de la red de bibliotecas, «que no se hace por un criterio técnico, sino por represión a los trabajadores a los que se vulneran sus derechos básicos». Para los socialistas, queda claro en la sentencia que Algama, S. L., «no era más que una empresa pantalla de una situación ilegal». Rodríguez entiende que «el alcalde, Gabino de Lorenzo, y Conchita García deben rectificar, y no porque se lo pidiesen en su día 10.000 ciudadanos con sus firmas, sino porque se lo pide la juez». No sin ironía, el edil socialista afirmó que «ahora vamos a tener bibliotecaria en Trubia cuando no tenemos biblioteca».
El portavoz de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (ASCIZ), Roberto Sánchez Ramos, se alegra «de que a estas personas se les haya reconocido una situación ilegal de prestamismo laboral». Tanto Rodríguez como Sánchez Ramos entienden que las próximas sentencias seguirán en la línea de la conocida ayer. El portavoz de ASCIZ exige a Gabino de Lorenzo que «asuma con responsabilidad esta sentencia y ponga a esta gente a trabajar como lo hacían hasta ser despedidos».
PSOE y ASCIZ promovieron una campaña ciudadana y de sensibilización social en defensa de las bibliotecarias que habían sido despedidas.
